Víctor Alfonso Rivero murió mientras permanecía bajo custodia del Estado en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Con este caso, la organización eleva a 21 el número de personas privadas de libertad que han fallecido en centros de reclusión del país desde abril de 2026.
Contexto y cifras
El OVP considera que cada nuevo deceso evidencia el agravamiento de las condiciones dentro de cárceles y calabozos policiales. En su balance, la oenegé subraya que la acumulación de muertes no puede interpretarse como hechos aislados, sino como parte de un patrón que demanda actuación inmediata de los organismos competentes.
Responsabilidad estatal y vulneraciones
La organización recordó que las personas detenidas están bajo la responsabilidad directa del Estado. Señaló que cualquier fallecimiento vinculado a la ausencia de atención médica, a retrasos en traslados a centros hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una grave vulneración de derechos fundamentales.
Recomendaciones internacionales y obligaciones
El OVP recordó que diversos organismos internacionales han reiterado la obligación de los Estados de garantizar la vida, la integridad física y la salud de las personas privadas de libertad. Entre las instancias citadas figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, que han emitido recomendaciones sobre la protección de esta población.
