En la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano, se acumulan cerca de 1.000 denuncias por abusos sexuales contra menores, tocamientos y violencia de género desde 2014, sin una respuesta efectiva de la justicia. Algunas entidades elevan la cifra hasta 1.400 casos.
Abusos, VIH y crisis de salud mental
La preocupación se agravó por los contagios de VIH entre niñas y niños de 3 y 4 años, además de decenas de embarazos adolescentes y un aumento de los intentos de suicidio entre adolescentes de las comunidades awajún y wampis, donde viven unas 70.000 personas.
Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, dijo que vio a menores con hijos y a jóvenes en situación de abandono. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, afirmó que las denuncias han costado mucho a las mujeres de la zona y que el sistema judicial “simplemente dice que no tiene presupuesto”.
La Defensoría del Pueblo de Perú denunció en 2024 al menos 500 casos de acoso sexual en colegios con mayoría awajún y wampis. El informe también indicó que casi 170 docentes acusados por abuso sexual de menores no han sido procesados, que muchos fueron absueltos y que otros fueron trasladados, con lo que evitaron la justicia ordinaria.
Pioc señaló que en algunas comunidades se impone un castigo local con calabozo o latigazos, sin seguimiento judicial. El Ministerio de Salud de Perú informó que entre 2014 y 2026 se registraron 190 casos de personas infectadas con VIH en esas comunidades, de entre 14 y 19 años, y que la prevalencia regional llega a 1,8%, seis veces más que en otras zonas del país.
Las autoridades sanitarias declararon una emergencia médica en la zona, mientras la comisión del Mesecvi y las organizaciones indígenas insisten en que hace falta un plan de atención sostenido y recursos para investigar y sancionar los delitos.
