En Venezuela, la interrupción del embarazo se mantiene en la clandestinidad debido a un marco legal que castiga esta práctica con hasta dos años de prisión. Las mujeres, ante la imposibilidad económica de asumir la maternidad o la falta de acceso a servicios de salud, recurren a redes informales para obtener medicamentos o procedimientos inseguros.
La precariedad como barrera reproductiva
La crisis económica, que afecta a casi uno de cada tres hogares según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, convierte la decisión de no tener hijos en una medida de supervivencia. Organizaciones feministas como Tinta Violeta denuncian que la única excepción legal —cuando la vida de la mujer corre peligro— es ambigua y queda a discreción médica, dejando a las pacientes en un estado de indefensión total.
Criminalización y falta de datos
La sospecha sobre los abortos espontáneos persiste en los centros hospitalarios, donde las mujeres enfrentan procesos de criminalización. Mientras el Código Penal ignora la salud integral de la mujer, mantiene disposiciones que reducen penas si el aborto se realiza para preservar el «honor» familiar. La ausencia de estadísticas oficiales recientes oculta la magnitud de la crisis, aunque estimaciones previas de Naciones Unidas situaban a Venezuela con uno de los aumentos más críticos en mortalidad materna en la región.
La incertidumbre en la frontera
Aunque la normativa colombiana permite el aborto hasta la semana 24, las venezolanas enfrentan obstáculos crecientes. La posibilidad de una reforma constitucional en Colombia que restrinja este derecho, sumada a la reducción de fondos internacionales para organizaciones que asisten a migrantes, amenaza con cerrar una de las pocas vías seguras disponibles para quienes buscan interrumpir un embarazo fuera del territorio nacional.
