Para decidir qué directiva del BCV tiene autoridad sobre el oro, el juez debe determinar primero a qué político el Gobierno del Reino Unido acepta verdaderamente como líder de Venezuela.
El Tribunal Superior británico debe sopesar si tiene potestad para examinar la validez legal de los nombramientos hechos por Juan Guaidó, como parte de un juicio para dirimir si en Venezuela es la Administración de Nicolás Maduro o la «ad hoc» del líder opositor la que puede acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE). En la sesión de este miércoles 24 de junio ante el juez, Nigel Teare, de la división Comercial y de Propiedad, planteó sus argumentos sobre esta cuestión de «justiciabilidad» Andrew Fulton, el abogado de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó y de su procurador especial, José Ignacio Hernández. Por la otra parte, Nick Vineall representó a la junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, que alega que no es válida la directiva del banco central venezolano colocada por su rival, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Caracas.
Una vez establezca qué junta es la legítima, la corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
Para decidir qué directiva del BCV tiene autoridad sobre el oro, el juez debe determinar primero a qué político el Gobierno del Reino Unido acepta verdaderamente como líder de Venezuela: a Guaidó, a quien el 4 de febrero de 2019 reconoció en un comunicado como «presidente constitucional interino», o a Maduro, con cuyo Ejecutivo mantiene relaciones diplomáticas. Al tiempo que decide esto, debe pronunciarse también sobre si llegado el caso, tiene competencias para examinar la validez de los nombramientos realizados por Guaidó para la junta del BCV en base a la legislación venezolana (es decir, si esto es «justiciable»), puesto que la otra parte los disputa.
La posición de Fulton es que el tribunal debe concluir que el Gobierno británico reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y, en consecuencia, «aceptar sin cuestionar», como «acto soberano de un Estado foráneo», sus cargos de procurador especial y a la junta del BCV, ignorando el dictamen del Supremo venezolano.
