En el transcurso de las próximas horas, se abrirá el paso por la frontera a los camiones de carga que transportan productos de importación y exportación entre Venezuela y Colombia, como paso previo a la regularización de las actividades binacionales en la zona.
La Autoridad Única Militar de la zona uno del Táchira, general Carlos Alberto Martínez, anunció la decisión durante una reunión que sostuvo el martes en la tarde con 243 representantes industriales y manufactureros que trabajan en la zona.
Rogelio Queijeiro, presidente ejecutivo de Cavecol, y Víctor Montiel, presidente de la junta directiva de esta Cámara, informaron que el General de División, encargado de la seguridad en los municipios fronterizos: Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, comunicó que deben presentarse listados precisos de los trabajadores de las empresas tanto en Colombia como en Venezuela, en el punto de control ubicado en la Base Militar del Aeropuerto de San Antonio, reseñó
«En el transcurso de los próximos días se realizarán reuniones con los comerciantes», amplió Quijeiro.
En la frontera hacen vida alrededor de 2.570 comercios legalmente establecidos, 700 adscritos a la Cámara de Comercio de Ureña, 170 afiliados a Cavecol y 1.700 a empresas de transporte. «La liberación de los camiones es un paso en extremo importante, les permitirá concluir los trámites necesarios para concretar sus actividades», sostuvo Montiel.
El general Martínez anunció además la paralización de las deportaciones, y el permiso de paso a los trabajadores de los municipios Bolívar y Ureña un país a otro sin problemas, siempre y cuando cuenten con el carnet de identificación que les será provisto por las autoridades.
, quien aseguró el lunes 31 de agosto que desde el pasado miércoles 26 de agosto. El Estado de Excepción fue decretado por el presidente de la República desde el 21 de agosto luego que tres militares y un civil sufrieran una emboscada en San Antonio del Táchira la tarde del miércoles 19 de agosto.
“No hemos deportado a nadie desde el miércoles (26 de agosto), jueves, viernes, sábado y domingo, no hay colombiano deportado, ni siquiera presentado. Salvo dos damas que eran las esposas de los dos paramilitares colombianos capturados en el Tigre, que pasaron la frontera el miércoles. Eran las dos damas con sus tres niñas”, aseguró el gobernador en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
Colombia, que fracasó en su intento de convocar una reunión de cancilleres en la OEA para tratar la crisis fronteriza con Venezuela, reunió el miércoles a diplomáticos de una veintena de países a presenciar la situación humanitaria en el noreste, epicentro de la tensión.
«Señores embajadores, lo que estamos reclamando es el respeto por los derechos humanos», dijo el presidente Juan Manuel Santos durante el encuentro, destacando que ya hay unos 11.000 colombianos afectados por la situación.
Desde Cúcuta, unos 600 km al noreste de Bogotá y adonde ha llegado la mayoría de los colombianos expulsados en los últimos días de Venezuela, el mandatario colombiano realizó un consejo de ministros público con invitados especiales, como embajadores y representantes de organismos internacionales.
«Esto no es un invento de nadie, esto es una realidad que el mundo debe conocer», dijo durante la sesión, transmitida en vivo por televisión.
La reunión fue convocada para que el cuerpo diplomático pueda «constatar no sólo la tragedia humanitaria que estamos presenciando, sino también el trabajo que el gobierno nacional está haciendo», agregó.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, anunció que también visitará la ciudad de Cúcuta el próximo sábado.
Colombia sufrió el lunes un «revés» -como lo calificó el propio Santos- cuando en la Organización de Estados Americanos (OEA) no obtuvo los votos necesarios para aprobar la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir el tema. A ello se sumó que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no logró acordar una cita urgente de cancilleres pedida por Bogotá para esta semana. Reclamo ante la CIDH por deportaciones Jorge Otálora, titular de la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en Colombia, viajó este miércoles a Washington para presentar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otálora solicitó a la CIDH que emita medidas cautelares que impidan que Venezuela ordene nuevas deportaciones y obliguen a Caracas a respetar los derechos humanos de los colombianos.
«Usaremos todos los canales para denunciar una situación tan dramática como esta», afirmó Santos en Cúcuta, al anunciar que su gobierno apelará a las Naciones Unidas, desde su secretario general, Ban Ki-moon, con quien se reunirá la próxima semana la canciller María Angela Holguín, hasta entidades como la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
«Quiero advertir que puede ser que tengamos una crisis humanitaria más grande en el futuro y más allá de todo cálculo», dijo este miércoles en el Congreso el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
«Estamos también listos a pedir la cooperación internacional correspondiente si es que se presentasen avalanchas de colombianos o venezolanos expulsados o refugiados que hagan presión sobre nuestra frontera», agregó el funcionario.
Venezuela ha deportado en tres semanas unos 1.300 colombianos, un millar por los pasos fronterizos del departamento de Norte de Santander, pero también por los de Guajira (norte) y Arauca (este), mientras otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados sin sus familias y pertenencias, según datos oficiales.
La crisis bilateral se profundizó el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los damnificados.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
