El Gobierno nacional comprobó este domingo “in situ” las medidas tomadas en la frontera por Venezuela relacionadas con el estado de excepción y el cierre de los pasos fronterizos.
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que desde el estado andino se realizó un Consejo de Vicepresidentes en San Antonio con el gobernador José Gregorio Vielma Mora y los jefes militares “para proteger al Táchira y a Venezuela”.
Afirmó, desde el sector La Invasión, donde hallaron un centro de prostitución y explosivos, que los puentes de la frontera “se mantienen cerrados y son custodiados por 1.500 efectivos de seguridad”.
“Se está haciendo un casa por casa y se han detenido varios ciudadanos colombianos. Para nosotros no hay oposición, no hay gobierno, no hay imperio que impida que se tomen las acciones necesarias par liberar a este pueblo (…) El paramilitarismo colombiano no va a poder tomar espacio venezolano”, enfatizó el Vicepresidente, en una transmisión televisiva.
“Vamos a limpiar del paramilitarismo al estado Táchira”, expresó Arreaza.
El pasado miércoles, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera, en la línea limítrofe entre Táchira y Colombia, tras un ataque de paramilitares contra tres efectivos de la GNB y un civil.
Dos días después, Maduro decretó un estado de excepción por 60 días prorrogables y para “contrarrestar la violencia”.
Desde el país vecino, el gobierno de Colombia emitió ayer un comunicado en el que le solicitó a Venezuela el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos en la frontera. “El Gobierno de la República de Colombia reitera su voluntad de cooperación con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de profundizar la estrategia binacional de lucha contra el contrabando. Insistimos en nuestro rechazo por el cierre de la frontera; este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente”, dijo.
El documento luego detalla: “Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera común. Exigimos que antes de tomar medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos. El Gobierno (…) solicita se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones”.
Simultáneamente, las autoridades colombianas se activaron ayer igualmente cerca de la frontera. Así por ejemplo, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, estableció una reunión para evaluar lo relacionado con el cierre.
Para este miércoles, se espera que las cancilleres de ambos país, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, sostengan una reunión. “Esperamos (…) en la reunión bilateral (…) podamos avanzar hacia medidas conjuntas”, dijo Colombia.
La noche del sábado, el Gobierno precisó que quedaron restringidas en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución, que incluyen la prohibición de manifestaciones y el porte de armas por 60 días.
Los artículos se refieren a la inviolabilidd del domicilio, el secreto de comunicaciones, la libre reunión de personas y protestas, y la libertad de ejercer actividad económica.
