Con 17 leyes sancionadas, una sola aprobada por unanimindad, ocho de ellas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, 76 sesiones ordinarias y los suspendidas “por falta de quórum” y sin recursos para su funcionamiento, así cierra su primer período la Asamblea Nacional.
De las leyes, solo fue aprobada por unanimidad la Ley del Bono de Alimentación para Jubilados y Pensionados, pero está a la espera de un acuerdo político para su ejecución.
Después de arrancar, el pasado 5 de enero como si se tratara de una carrera de la fórmula 1 —después de pasar 15 años en manos del chavismo— no pasaron 5 días de haber asumido el Poder Legislativo cuando el TSJ cuestionó la mayoría calificada de 112 diputados con la desincorporación de los tres parlamentarios representantes del estado Amazonas, acción que, a juicio de su presidente, Henry Ramos Allup, no fue obstáculo para hacer su trabajo parlamentario.
De hecho, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió en enero al Hemiciclo a presentar su Memoria y Cuenta del 2015 y lo que se pensaba que era una tregua, sigue en una continua batalla.
En esta nueva era hubo cambios que de inmediato se hicieron notorios. Como el acceso a los medios de comunicación al hemiciclo para que puedan transmitir las sesiones.
La semana pasada, en la presentación del balance legislativo, Ramos Allup aseguró que “los mejores testigos de cuando hay o no hay sesión son los medios de comunicación”.
El legislador dijo que al revisar la gestión anterior, “se determinaron bienes extraviados, vehículos inoperantes y trabajadores fantasmas”. Acusó a las administraciones anteriores todas “rojas, rojitas” que desde el 2010 “no pagaban el servicio eléctrico y nos cortaron la luz a nosotros”.
El segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla (MVP), dijo que no recibieron “ni un bolívar” en 2016: “Ha sido un año atípico donde se privilegió lo político”.
Desde la bancada del Bloque de la Patria, el diputado Héctor Rodríguez aseguró que la oposición se enfocó en buscar la manera de “derrocar al presidente Maduro” con un juicio político que no está contemplado en la Constitución.
Dijo que la MUD tuvo el “60% de inasistencias en todo el año y más de 37 veces que no han tenido sesión por falta de quórum o que su sesión ha sido ilegal porque ellos han sesionado por menos” y no logró designar a los dos nuevos rectores del CNE porque “está en desacato” constitucional.
Y esta es la critica mayor. Al no desincorporar formalmente a los diputados de Amazonas como lo ordenó el TSJ en la sentencia sobre la impugnación de la elección por parte del Psuv (como lo hizo en enero pasado), las decisiones de la Asamblea se mantienen sin efecto.
Porque si bien los legisladores de Amazonas habían sido desincorporados en enero por la AN, en julio pasado el Parlamento los volvió a integrar al Legislativo por considerar que la sentencia violaba la Constitución.
No obstante, en un “ir y venir” de tensión política, la instalación de las mesas del diálogo con el Gobierno hizo que la oposición aceptara la solicitud del Gobierno: la salida de los citados parlamentarios, que el 15 de noviembre solicitaron cumplir en una carta.
El punto es que el TSJ exhortó el 23 de noviembre a la AN a que cumpla con el “acto formal de desincorporación de Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana”, pero aún esto no se ha efectuado, de modo que la declaratoria de desacato de la AN se mantiene.
El diputado Sergio Fuenmayor Psuv (Zulia), señaló: “Somos 54 diputados enfrentados a los más de 100 de la oposición que llegan tarde a las sesiones”.
El diputado Elías Matta (UNT), rechazó las críticas del Psuv. “El Gobierno tiene un año fuera de la Constitución, basándose en un decreto de Emergencia Económica inconstitucional para impedir que la AN ejerza su control al Ejecutivo”, refirió.
Y mientras Ramos Allup asegura que el Parlamento discutirá el abandono de cargo de Maduro a partir de enero 2017, el “cronograma político” indica que el 5 de enero se espera la instalación del segundo año de la Asamblea, esta vez bajo la presidencia de Julio Borges (PJ), aunque desde el Psuv ya han advertido que “el 5 de enero no va a haber Asamblea y nosotros vamos a seguir adelante porque aquí hay un pueblo en la calle”, refirió el diputado Diosdado Cabello.
Este miércoles, su colega de bancada, Elías Jaua, señaló que la MUD tiene hasta el 5-E para corregir el desacato: “Cuando llegue el 5 de enero y el señor Ramos Allup se vaya, como tiene que irse, la directiva que ellos elijan será nula de toda nulidad”.
