Dinorah Figuera, diputada en el exilio y presidenta de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015, regresó este jueves a Caracas después de ocho años…
Dinorah Figuera, diputada en el exilio y presidenta de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015, regresó este jueves a Caracas después de ocho años fuera del país en medio de una nueva movida para destrabar la transición política en Venezuela. Su retorno, orientado a promover la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta con el respaldo de Donald Trump y con el visto bueno del Gobierno de Delcy Rodríguez, al tiempo que desplaza el protagonismo de María Corina Machado.
Un regreso con agenda electoral
Al llegar al aeropuerto, Figuera explicó ante periodistas que su visita respondía a una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para atender los desafíos que permitan resolver diferencias y, a la vez, avanzar en coincidencias alrededor de un CNE creíble. También sostuvo que el encargo recibido apunta a una labor pensada para todas las candidaturas, sin responder si esa gestión fue coordinada con Machado.
La primera reunión de esta nueva etapa se produjo ese mismo jueves. Desde la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, se informó la creación de una mesa técnica y política paritaria con representantes de los diputados opositores de la Asamblea de 2015 a 2020, instancia que el chavismo desconoció y boicoteó durante años. El comunicado oficial añadió que existe una agenda con hitos y cronogramas concretos para el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad.
En paralelo, Figuera sostuvo un encuentro con el encargado de negocios estadounidense, John Barret.
El aval de Washington
Sobre esta reunión circularon otros dos comunicados. La Asamblea Nacional de 2015 describió en siete párrafos que el objetivo central del proceso será la construcción de una visión compartida de futuro. Por su parte, el Departamento de Estado respaldó el encuentro y lo presentó como un primer paso para garantizar una Venezuela libre y una hoja de ruta hacia una transición democrática.
Thomas Pigott, portavoz de Marco Rubio, remarcó que la base de cualquier transición es el diálogo inclusivo y expresó la expectativa de que en las próximas semanas continúen las conversaciones entre los partidos políticos venezolanos y el Gobierno interino en Caracas para iniciar ese trabajo.
La llegada de Figuera se produjo dos meses después de que la dirigente de Primero Justicia se reuniera con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, a fin de discutir vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada en Venezuela. En Caracas, distintas fuentes interpretan este retorno como una estrategia del chavismo, con beneplácito de Washington, para promover un liderazgo opositor alternativo al de Machado y debilitar su papel como negociadora.
Tensiones dentro de la oposición
Figuera aterrizó además pocas semanas después de que en Panamá la Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos opositores, acordara que Machado encabezaría las negociaciones con el chavismo para convocar elecciones. Su regreso tomó por sorpresa a integrantes de esa coalición, de la que forma parte Primero Justicia, y también al entorno de Machado. El movimiento, ejecutado sin conocimiento de una parte de los aliados opositores, parece reforzar la maniobra de Washington y Caracas para abrir un espacio político con otros sectores de la oposición sin contar con Machado.
Estados Unidos mantiene una negociación permanente con el Gobierno de Delcy Rodríguez que Donald Trump dejó en pie tras los ataques militares del 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa. Ese canal de conversaciones no está bajo el control de Machado. Figuera, como otros dirigentes opositores en las últimas semanas, incluidos varios de su propio partido, regresó amparada en la ley de amnistía promovida por el chavismo.
La Plataforma Unitaria y Machado insisten en que primero debe anunciarse un cronograma electoral. El chavismo, mientras tanto, ha postergado ese anuncio mientras se concentra en abrir el país a las inversiones extranjeras y en cumplir con las exigencias de Washington. Para que haya elecciones libres, como reclama la oposición, consideran necesario renovar al árbitro electoral y legalizar los partidos que fueron sacados de la contienda por la vía judicial. La propia Machado ha calculado que harían falta 40 semanas para organizar unas presidenciales capaces de destrabar la crisis política.
Henry Alviárez, dirigente de Vente Venezuela, aseguró que desconoce los términos de las conversaciones vinculadas con Figuera, pero sostuvo que el proceso de negociación puede tener varias capas e interlocutores. Añadió que ninguna de las partes, ni siquiera Machado, está en condiciones de ir en contra de lo que quiere el pueblo venezolano: entendimiento, expresión democrática y resolución del conflicto a través de elecciones. En ese sentido, señaló que la posible aparición de un nuevo árbitro electoral ayuda a despejar la incertidumbre sobre si Venezuela puede alcanzar un cambio dentro de un marco de paz y entendimiento.
Una figura con peso en la Asamblea de 2015
Figuera fue una de las diputadas elegidas en diciembre de 2015, cuando la oposición consiguió su primera victoria electoral frente al chavismo y obtuvo mayoría calificada en el Parlamento. Forma parte de los restos institucionales del Gobierno interino de Juan Guaidó, creado en 2019 como una estructura paralela de gestión apoyada en los poderes de esa Asamblea Nacional.
Ante la ilegitimidad de Maduro, reelecto en comicios no reconocidos por la comunidad internacional, ese Parlamento recibió el aval del primer Gobierno de Donald Trump para administrar parte de los activos venezolanos congelados en el exterior. Fue considerada la última autoridad electa en comicios avalados por todas las partes y participó en decisiones vinculadas con la preservación de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, frente a la presión de acreedores de un país en suspensión de pagos.
Aunque el Gobierno interino de Guaidó se desintegró al fracasar en su intento de sacar a Maduro del poder, la Asamblea Nacional de 2015 siguió reuniéndose por Zoom desde el exilio a través de su comisión delegada, un comité reducido en el que hoy solo permanecen activas tres diputadas. Mientras tanto, en Venezuela el chavismo renovó dos veces el Parlamento para ponerlo bajo su control. En el actual contexto, marcado por la renegociación de la deuda y la recuperación de activos venezolanos, sigue pendiente resolver el enredo jurídico heredado de aquellos años de doble administración.
Figuera continúa al frente de la comisión delegada de esa Asamblea Nacional elegida hace más de una década. Durante años, ese Parlamento fue objeto de persecución por parte del chavismo: el Tribunal Supremo bloqueó su funcionamiento al declararlo en desacato, se abrieron investigaciones, se allanaron inmunidades parlamentarias y se emitieron órdenes de captura contra varios de sus miembros, acusados de haberse apropiado del dinero venezolano en el exterior.
La dirigente permanecía en el exilio desde 2018. La muerte bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia de su compañero de partido Fernando Albán la tocó de cerca, ya que era el padrino de su hija.
