El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott, afirmó este viernes que Nicolás Maduro está rindiendo cuentas ante la justicia estadounidense gracias a las medidas impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el medio NewsNation, donde se refirió al dirigente chavista en términos de ilegalidad institucional.
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Imputaciones y comparecencia en Nueva York
El pronunciamiento oficial coincide con la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores el jueves 15 de octubre de 2026 ante el juez federal Alvin Hellerstein en Manhattan. Ambos comparecientes se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas, sumados la semana anterior a los señalamientos previos por narcotráfico y posesión de armas.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, los procesados habrían ordenado prácticas de tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses, detallando abusos como aislamiento, privación de alimentos, electrocución y violación. Por su parte, Maduro rechazó los señalamientos y los calificó públicamente como falsos. El tribunal fijó el inicio del juicio para el 14 de junio de 2027.
Reacciones sobre acuerdos petroleros y conversaciones
En el ámbito regional, el portavoz estadounidense sostuvo que las medidas punitivas y de presión han propiciado avances hacia la reconciliación, un acuerdo petrolero enfocado en beneficiar a la población y una mayor cooperación hemisférica contra grupos armados dedicados al narcotráfico. Según Pigott, los recursos energéticos bajo el mandato de Maduro no se traducían en bienestar social, sino que financiaban a redes de aliados internacionales en Cuba, Rusia, China e Irán.
Asimismo, el representante diplomático respaldó las conversaciones políticas retomadas el pasado 14 de octubre en Caracas entre los sectores de la oposición y la Asamblea Nacional elegida en 2015, destacando la necesidad de consolidar un tribunal supremo independiente y modificar leyes orientadas a la persecución de disidentes.
