La solicitud presentada ante el Parlamento por Delcy Rodríguez para reformar la Ley Constitucional contra el Odio Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha reavivado las críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes señalan la normativa como un instrumento de persecución política.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos sectores han cuestionado históricamente la ambigüedad en la definición del delito de odio dentro del texto legal, argumentando que su aplicación suele combinarse con acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria con penas de hasta veinte años de prisión.

Analistas y críticos apuntan a que la legislación busca imponer el pensamiento único y criminalizar tanto las expresiones en redes sociales como la labor de los medios de comunicación, en contravención de los principios de no discriminación consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.