El activismo de la Generación Z en Venezuela y Nicaragua enfrenta un cerco de normas, policías y tribunales que busca reducir su capacidad de organización e incidencia pública. Así lo plantea un informe elaborado en junio de 2026 por el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Autonomía Universitaria de Aula Abierta, presentado ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
«a pesar de las restricciones, los jóvenes organizan estrategias para defender la democracia de las universidades autónomas del país»
El estudio
Más de 50 decisiones judiciales han golpeado la representación estudiantil
En Venezuela, el principal obstáculo para el movimiento juvenil, según el informe, es la suspensión de procesos electorales universitarios. A través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Estado ha emitido más de 50 decisiones judiciales que vulneran la autonomía universitaria, y al menos 18 de ellas han impedido comicios vinculados con estudiantes.
El documento cita casos como la anulación de la elección de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo en 2018, mediante la sentencia Nº 102, y la paralización de los comicios en la Universidad de Oriente (UDO) desde 2012. Para Aula Abierta, esos episodios reflejan una política que busca despojar a los estudiantes de su capacidad de autogobierno y de defender intereses comunes.
Saren, la Ley contra el Odio y la llamada ley anti-ONG
Para los grupos juveniles que intentan formalizarse fuera del ámbito estudiantil, el informe señala que existen barreras legales y burocráticas. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), indica, aplica discrecionalmente resoluciones internas y trabas que impiden la inscripción jurídica de asociaciones integradas por jóvenes activistas.
A esa presión se suman la Ley Constitucional contra el Odio, usada por los organismos de seguridad para encuadrar como “incitación al odio” situaciones ciudadanas físicas o virtuales, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como la “ley anti-ONG”. Esa norma obliga a registros de control y a entregar datos sensibles de los activistas.
22 detenciones y una tasa de terrorismo que subió al 37%
El informe describe una articulación entre distintos entes públicos para sostener discursos de odio y detenciones arbitrarias que luego son procesadas por el Poder Judicial en tribunales por terrorismo. Bajo esa lógica, jóvenes activistas y universitarios son presentados como “terroristas”.
Entre enero y octubre de 2025, Aula Abierta documentó al menos 22 miembros, en su mayoría estudiantes, que fueron víctimas de arrestos arbitrarios y hostigamiento criminal. Más de la mitad de esos casos incluyeron desaparición forzada.
Miguel Ángel Suárez fue hostigado tras una protesta por presos políticos
La persecución, añade el estudio, no se limita a las calles. El 12 de febrero de este año, tras una manifestación pacífica por el Día de la Juventud para exigir la amnistía de los presos políticos, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguel Ángel Suárez, fue perseguido y hostigado por funcionarios policiales y civiles armados.
El informe afirma que los organismos de seguridad entraron de manera ilegal en el campus universitario y recurrieron a tácticas de amedrentamiento para debilitar el papel histórico de las universidades como espacios de pensamiento libre.
- La paralización de los comicios en la Universidad de Oriente comenzó ese año.
- La elección de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo fue anulada mediante la sentencia Nº 102.
- Miguel Ángel Suárez fue perseguido y hostigado tras una manifestación pacífica en la UCV.
- Aula Abierta documentó al menos 22 miembros víctimas de arrestos arbitrarios y hostigamiento criminal.
- Se elaboró y presentó el informe ante la Relatoría Especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación.
Nicaragua: la UNEN controla afiliación, becas y vigilancia
El estudio también traza paralelismos con Nicaragua, donde el modelo de represión juvenil se materializa en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Según Aula Abierta, el Estado elige a los miembros de las universidades por medio de esa organización, que funciona como un sindicato autónomo encargado de la vigilancia, las acusaciones y la persecución de estudiantes que no comparten la misma línea.
El texto agrega que la UNEN también controla la entrega de becas y beneficios académicos según la fidelidad e ideología del estudiante. Además, sus reglamentos establecen que cualquier joven que ingresa a la educación superior en Nicaragua queda afiliado automáticamente y por defecto, lo que anula el principio de libertad de asociación y convierte la participación en algo militar y político controlado por el Estado.
Las recomendaciones piden frenar la interferencia estatal en las universidades
La contribución de Aula Abierta ante las Naciones Unidas propone medidas políticas y normativas para respaldar el activismo juvenil. Entre ellas, pide que los Estados se abstengan de manipular los tribunales para intervenir en los procesos electorales universitarios.
También plantea crear comités de derechos humanos en los que organizaciones y jóvenes puedan trabajar juntos, además de leyes que prohíban por completo el ingreso de policías, militares o carros sin placas a las universidades durante protestas.
