El dirigente chavista Jorge Rodríguez afirmó que el Gobierno nacional trabajará en una reforma de la Ley de Alquileres, calificándola actualmente como una normativa «muy regresiva». Según sus declaraciones, la estructura legal vigente impide que el mercado inmobiliario funcione con normalidad.
200.000 viviendas que no se alquilan por la actual ley
Seguridad jurídica para el arrendamiento
Rodríguez explicó que la modificación de la ley es necesaria para que los propietarios sientan mayor seguridad al momento de arrendar sus inmuebles. El objetivo de la propuesta es revertir el estancamiento del sector que, según el funcionario, ha provocado que miles de propiedades permanezcan desocupadas por temor a la inseguridad jurídica.
La propuesta de reforma surge en un contexto de atención a las víctimas de la reciente tragedia sísmica que afectó la región central del país, donde se han reportado daños estructurales en diversos edificios.
El impacto de la normativa actual
La actual AN y el Ejecutivo han reconocido las limitaciones de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada en 2011. Entre sus restricciones más severas se encuentran:
- Prohibición de negociar libremente los precios de alquiler.
- Obligatoriedad de realizar pagos estrictamente en bolívares.
- Restricciones para desalojar inquilinos sin procesos burocráticos ante la SUNAVI.
- Obligación de ofrecer la venta del inmueble al inquilino tras 20 años de arrendamiento.
Críticos de la norma han señalado que estas medidas han incentivado la ocupación ilegal y el deterioro de la infraestructura urbana en el país.
Respecto a la agenda política, Rodríguez sostuvo que su prioridad actual no es discutir temas relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino enfocarse en la reconstrucción de viviendas y la atención a los afectados por los recientes sismos.
