Óscar Murillo, coordinador general de Provea, pidió derogar la Ley contra el Odio al considerar que su vigencia envía un mensaje negativo a las víctimas de persecución política.
Criminalización de la disidencia
Durante una entrevista en Unión Radio, Murillo sostuvo que la aplicación de esa legislación profundizó la criminalización de la disidencia y dejó en manos de funcionarios públicos la posibilidad de definir, de forma discrecional, qué conductas generan zozobra en el país.
El vocero afirmó que normas de ese tipo requieren un consenso social amplio dentro de un marco de pluralidad.
Garantías para debatir
Provea señaló que la disminución temporal de casos represivos no significa que las libertades fundamentales estén protegidas. También insistió en recuperar las garantías para que la ciudadanía pueda debatir sin hostigamiento y en desmantelar los mecanismos institucionales que facilitaron la persecución en los últimos años.
