El partido político Primero Justicia exigió el cese de la impunidad y la liberación inmediata de los presos políticos tras conocerse las recientes conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que documentan la persistencia de torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias en lo que va de año.

Persistencia de la represión y marcos restrictivos

Yajaira Castro de Forero, secretaria nacional de Derechos Humanos de la organización política, advirtió que el aparato represivo continúa operando con completa impunidad. De acuerdo con la dirigente, la transición democrática no avanzará mientras se mantenga la persecución contra la ciudadanía que ejerce sus derechos legítimos.

El informe de la ONU ratificó que las instituciones responsables de las violaciones graves a los derechos humanos no han experimentado modificaciones estructurales sostenibles. En este sentido, la representación de Primero Justicia recordó la vigencia de instrumentos normativos restrictivos, tales como la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar; y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.

Hallazgos y patrones de reclusión

El reporte del organismo internacional detalla patrones concretos de actuación en centros de reclusión del país, evidenciando el uso de métodos extremos de castigo y intimidación.

Entre los hallazgos figuran investigaciones en recintos como El Rodeo I —donde se reportaron episodios de intubación forzada y confinamiento en una estructura subterránea llamada «máquina del tiempo»— y en Fuerte Guaicaipuro, caracterizado por celdas tipo fosa bajo el nivel del suelo y privación de alimentos.

Asimismo, la Misión confirmó muertes bajo custodia derivadas de desapariciones forzadas por razones políticas, como el caso de Víctor Quero Navas, cuya familia fue notificada de su fallecimiento diez meses después. Adicionalmente, el informe contabilizó al menos 214 detenciones arbitrarias entre septiembre de 2025 y julio de 2026, señalando un patrón reciente de arrestos breves orientados a intimidar a activistas y periodistas.