Un análisis de Espacio Público concluyó que la plataforma creada para rendir cuentas sobre dos fondos estatales no ofrece datos básicos para el control ciudadano.
El portal Transparencia Soberana, habilitado para mostrar la rendición de cuentas de los Fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional, presenta fallas técnicas, vacíos informativos y un diseño opaco que impide conocer con claridad cómo se administran esos recursos públicos. Esa es la principal conclusión del informe Informe_Transparencia_Ciudadana_VFpdf, divulgado por Espacio Público en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora cada 28 de septiembre.
La organización evaluó entre mayo y junio de 2026 el nivel de cumplimiento del Estado venezolano en materia de acceso a la información pública a través de esa plataforma. El resultado fue un puntaje de 2 sobre 10 en la escala Linaburg-Maduell, una referencia usada para medir transparencia en este tipo de mecanismos, con una calificación de alta opacidad y presentación deficiente. A siete meses de los anuncios sobre la creación de estos fondos, el balance expuesto por Espacio Público señala que la ciudadanía sigue sin tener información clara sobre su funcionamiento ni sobre la manera en que impactan en la economía nacional.
Faltan datos básicos para la rendición de cuentas
Entre las principales carencias detectadas figura la ausencia de desgloses esenciales de contabilidad pública, clasificación presupuestaria e indicadores de impacto. El informe advierte que, aunque el portal aparenta ajustarse a un estándar legal mínimo, omite elementos fundamentales para verificar el destino, el manejo y los resultados del dinero administrado por esos fondos.
La evaluación también señala que no están disponibles el marco legal aplicable o la Ley de Presupuesto 2026 con sus anexos, ni los costos administrativos de personal, los detalles de ingresos y gastos, la tasa de cambio oficial utilizada o la estructura general del fondo. Tampoco aparecen informes actualizados y auditados de forma independiente, ni información sobre empresas vinculadas, contratos, licencias de inversión o instrumentos financieros asociados. A eso se suma la falta de datos sobre el valor real del activo, rendimientos financieros, saldos pendientes, gastos de personal o de directiva, criterios de asignación de recursos, políticas de inversión, manuales de cumplimiento e identificación de la contraloría.
Espacio Público sostiene que esos vacíos dificultan saber quiénes intervienen en la gestión de estos vehículos de inversión pública y cuáles organismos participan en su control y mantenimiento. Para la organización, la ausencia de esos elementos compromete la trazabilidad de los recursos y limita seriamente la posibilidad de ejercer contraloría ciudadana.
Anuncios sin reglas claras
El 15 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció la creación de un portal oficial para rendir cuentas sobre los dos fondos soberanos: el de Protección Social y el de Infraestructura Nacional. En ese momento indicó que la plataforma serviría para “eliminar cualquier vestigio de burocracia, corrupción e indolencia”. Sin embargo, el portal fue activado más de dos meses después, el 23 de marzo de 2026, y su contenido no despejó las principales dudas sobre las normas financieras y administrativas de esos mecanismos.
De acuerdo con la revisión hecha por Espacio Público, desde el inicio quedaron sin aclarar asuntos como los plazos de implementación, los montos iniciales de los fondos y el nombre y la forma jurídica de las empresas encargadas de auditarlos. También se desconoce si su naturaleza responde a un instrumento de ahorro o de desarrollo, si requieren aprobación del Poder Legislativo y cómo se articulan con el presupuesto nacional vigente.
Rodríguez había explicado que el Fondo de Protección Social estaba destinado a “mejorar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras para que las divisas vayan directamente a hospitales, escuelas, alimentación y viviendas”, mientras que el de infraestructura apuntaba a servicios de agua, electricidad y vialidad. Fuentes gubernamentales citadas por Espacio Público indicaron además que la constitución de ambos fondos se haría con ingresos provenientes del petróleo y que el diseño de esos mecanismos buscaría reinvertir la renta energética en prioridades nacionales.
Acceso a la información como obligación estatal
El informe recuerda que el artículo 143 de la Constitución establece el acceso a la información como un derecho y obliga a las entidades públicas y a sus funcionarios a informar de manera oportuna y veraz. Bajo ese parámetro, la organización concluye que el portal no satisface las exigencias mínimas de transparencia que demanda la administración de recursos públicos, especialmente en un esquema que fue presentado como herramienta de control y rendición de cuentas.
Espacio Público advierte que la opacidad informativa alrededor de estos fondos prolonga un patrón de restricciones arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. A su juicio, los resultados del análisis muestran una opacidad estructural y enormes vacíos que afectan la supervisión pública y debilitan la rendición de cuentas. La organización sostiene que esa falta de transparencia favorece dinámicas que dificultan el control institucional y la evaluación real del uso de los recursos destinados a áreas sensibles como salud, educación, alimentación, vivienda y servicios públicos.
Como parte de la investigación, también se revisaron comunicados, notas periodísticas y discursos oficiales relacionados con la creación del portal y de los fondos. El examen general llevó a la misma conclusión: la información disponible no permite conocer con precisión el funcionamiento del sistema, ni verificar de forma independiente cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan los recursos anunciados.
