En conmemoración del Día Internacional de la Democracia, diversas organizaciones no gubernamentales en el estado Zulia y el resto del país denunciaron que el sistema político venezolano continúa gravemente comprometido. Las agrupaciones recalcaron la urgencia de avanzar hacia un proceso profundo de reinstitucionalización, separación de poderes y la celebración de elecciones verdaderamente libres que restituyan las garantías constitucionales.

Exigencias ante la falta de independencia institucional

La organización Acceso a la Justicia advirtió sobre la persistente ausencia de independencia en los poderes públicos, señalando que instancias como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría permanecen subordinadas al Poder Ejecutivo. Asimismo, alertaron sobre el irrespeto sistemático al derecho al voto, a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.

Por su parte, Espacio Público destacó a través de un escrito la necesidad de que las negociaciones actuales conduzcan a un rescate efectivo de las garantías democráticas. La ONG documentó casos de ciudadanos condenados a prisión únicamente por denunciar fallas en los servicios públicos o demandar derechos políticos, evidenciando la falta de concursos públicos para la selección de jueces desde el año 2003.

La democracia más allá de las urnas

En el marco de esta fecha, el centro de pensamiento Laboratorio de Paz subrayó que la construcción de un sistema democrático trasciende el acto formal de votar. Bajo la premisa de que una democracia no se sostiene sin libertades fundamentales, la institución enfatizó que celebrar comicios por sí solo no garantiza un Estado de derecho si el proceso carece de pluralismo, instituciones independientes y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Las organizaciones insistieron en que el levantamiento de los bloqueos digitales, la derogación de normativas restrictivas y la autonomía de los entes de control resultan indispensables para restaurar la confianza institucional y permitir que la ciudadanía ejerza su participación pública sin temor a represalias.