El expediente judicial contra Tareck El Aissami, quien ocupó cargos de alto perfil en el aparato del chavismo, se ha visto incrementado con nuevas imputaciones penales. Según reportes, al exfuncionario se le atribuyen ahora delitos de apropiación o distracción de bienes, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.

El Aissami permanece bajo custodia desde abril de 2024, señalado como una figura central en la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto. Esta red, que operó a través de Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, fue responsable de la comercialización irregular de crudo.

Especulaciones sobre una posible entrega

La acumulación de cargos ocurre en un contexto de crecientes rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de facto decida entregarlo a Estados Unidos. Sobre El Aissami pesa una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, que lo requiere por cargos de narcotráfico, corrupción y evasión de sanciones.

La incertidumbre sobre su destino se alimenta de antecedentes recientes, como el traslado a territorio estadounidense de Alex Saab y de Álvaro Pulido Vargas, ambos vinculados a tramas de corrupción investigadas por la justicia norteamericana.

Debate jurídico sobre los procedimientos

El uso de la deportación como mecanismo para el traslado de individuos hacia Estados Unidos ha generado cuestionamientos legales. Especialistas en derecho y organizaciones no gubernamentales han señalado que la Constitución prohíbe la extradición de venezolanos, y que la deportación no debería ser utilizada como una vía sustitutiva para atender requerimientos penales extranjeros.