Representantes gremiales y sindicales del país advirtieron este martes 13 de octubre que iniciarán una fase de movilizaciones crecientes, incluyendo una posible paralización activa de actividades, si no obtienen respuestas concretas a sus exigencias de reivindicación salarial, pago de pensiones dignas y el cumplimiento estricto de los contratos colectivos.

Mauro Zambrano, vocero de la Red Sindical Venezolana, señaló que el sector laboral busca organizar una respuesta intersectorial ante lo que calificó como una política de desprotección. La jornada de protesta, que tuvo lugar en el centro de Caracas, concluyó con la entrega de un documento formal y firmas de respaldo ante la Vicepresidencia de la República, luego de que un despliegue policial impidiera el acceso de los manifestantes al palacio de Miraflores.

El impacto del estancamiento salarial

El reclamo central de los trabajadores se enfoca en la obsolescencia del salario mínimo, cuyo monto permanece fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta cifra, que en la actualidad representa menos de 30 centavos de dólar, sirve como base para el cálculo de pasivos laborales, lo que reduce drásticamente el valor real de beneficios como las utilidades de fin de año.

Los gremios denuncian que la política de bonificación, que suma 240 dólares mensuales bajo la figura de «ingreso mínimo integral», es discriminatoria y caótica, dado que no todos los trabajadores acceden a estos pagos y, al no tener carácter salarial, no impactan positivamente en las prestaciones sociales ni en la seguridad social a largo plazo.

Demandas de transparencia y cambio político

Durante la manifestación, los voceros sindicales cuestionaron la gestión de los recursos públicos, señalando que los ingresos derivados de la producción petrolera no se reflejan en la calidad de vida de los trabajadores del sector público. Zambrano afirmó que, con la recaudación proveniente de 112 horas de producción petrolera, sería posible cubrir las demandas salariales de docentes y trabajadores de la salud.

Más allá de la agenda laboral, el pliego de peticiones incluyó una exigencia de carácter político, solicitando la celebración de elecciones presidenciales y la reestructuración de las instituciones del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada y que los trabajadores cuenten con instancias de justicia imparciales.