Para Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, la liberación de presos políticos y la reforma al sistema de justicia son algunos de los pasos indispensables que debe dar el Estado venezolano para avanzar hacia una mayor apertura democrática. Sin embargo, la especialista advirtió que ese proceso aún no se ha concretado y que persisten prácticas vinculadas al aparato represor.
Durante su participación en un espacio de diálogo con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Macher explicó que el balance de poder y la restitución del sistema judicial facilitarían las negociaciones internas en el país. Asimismo, señaló que la permanencia en el poder de funcionarios identificados por la Misión como responsables de violaciones a los derechos humanos destruye la confianza de la ciudadanía y de las víctimas en las instituciones estatales.
Vigencia del marco jurídico represor
La experta advirtió que todo el marco jurídico que dio sustento a las restricciones del espacio cívico y de la libertad de expresión durante la última década continúa vigente, lo que mantiene abierta la posibilidad de que dichos mecanismos sean reutilizados por los actores estatales. A su juicio, se trata de promesas que todavía no se han plasmado en decisiones concretas.
Macher indicó además que el reconocimiento de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país representaría una muestra de gobernabilidad y transparencia frente a la población de cara a una posible transición.
Exigen acceso a los centros de detención
La presidenta de la Misión denunció que el organismo aún no ha recibido respuesta a sus solicitudes para documentar in situ la situación de los derechos humanos y pidió al Estado facilitar información oficial. Según el informe publicado por la Misión, en el país persisten e incluso se han adoptado nuevos patrones de tortura contra los detenidos por razones políticas, con una cifra estimada entre 379 y 500 personas privadas de libertad.
Ante este contexto, la defensora de derechos humanos instó a las autoridades a abrir las puertas de las cárceles a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para verificar las condiciones carcelarias y la atención a la salud de los detenidos. De acuerdo con el informe anual publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la falta de acceso a los centros de reclusión impide constatar el respeto a los derechos fundamentales de la población penal.
