La recién elegida presidenta peruana, Keiko Fujimori, inicia su mandato en medio de una profunda crisis institucional. El país enfrenta un abandono estatal que se traduce en una ineficiencia anual estimada en 40 000 millones de soles, mientras la inseguridad ciudadana y la desigualdad social siguen siendo los desafíos más urgentes.
Desafíos de seguridad y desigualdad
Para combatir la criminalidad, Fujimori anunció la solicitud de facultades legislativas al Parlamento que permitirían a las fuerzas armadas controlar operaciones en zonas de emergencia y llevar a cabo una reforma profunda del sistema carcelario. Además, se priorizará la asignación de recursos extraordinarios para reforzar la infraestructura nacional ante los estragos del fenómeno de El Niño.
Medidas económicas y sociales
En el ámbito económico, la mandataria sorprendió al confirmar un aumento del 15 % en el salario mínimo, que pasa de 1 130 a 1 300 soles. Este incremento se complementa con un bono para micro y pequeñas empresas que fomente la formalización laboral. El plan social contempla duplicar el alcance del programa Pensión 65 para adultos mayores en situación de pobreza y reducir la pobreza infantil a la mitad, bajando del 22 % al 11 %.
