Álex Saab Morán volvió a quedar bajo custodia en Estados Unidos después de que el Saime informara, el 16 de mayo, que el exministro de Industrias y…
Álex Saab Morán volvió a quedar bajo custodia en Estados Unidos después de que el Saime informara, el 16 de mayo, que el exministro de Industrias y Producción Nacional y exjefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, identificado como “ciudadano de nacionalidad colombiana”, fue objeto de una deportación por estar presuntamente incurso en diversos delitos en ese país.
La información fue divulgada tras casi tres meses sin noticias sobre su paradero y reabrió las dudas sobre su nacionalidad, su condición diplomática y el procedimiento aplicado para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
La nacionalidad en disputa
El comunicado del Saime sugiere que Saab solo posee la ciudadanía colombiana, una versión que choca con varios documentos oficiales emitidos en los últimos años, en los que consta que el empresario nacido en Barranquilla había adquirido la nacionalidad venezolana. Entre esos documentos figura su cédula de identidad número 21.495.350.
Esa condición le permitió ser designado por Nicolás Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional el 18 de octubre de 2024, según el decreto presidencial número 5.021, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.846.
El artículo 35 de la Constitución establece que la nacionalidad venezolana por naturalización solo puede ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley. A su vez, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía fija en su artículo 48 ocho causales para revocar esa nacionalidad, entre ellas ejecutar o colaborar, directa o indirectamente, con actos contrarios a los intereses de la República, o haberla adquirido en fraude a la ley.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado que la ciudadanía de Saab haya sido revocada ni bajo cuál argumento. Por ello, activistas de derechos humanos, entre ellos Marino Alvarado, han pedido al Ministerio Público que inicie una investigación sobre la forma en que fue nombrado ministro.
La condición diplomática
El Saime tampoco aclaró la supuesta condición de diplomático que se le atribuyó a Saab en años anteriores. El 9 de abril de 2018 fue designado como “enviado especial” del ministro de Relaciones Exteriores, con la responsabilidad específica de manejar las relaciones comerciales entre Venezuela y la República Islámica de Irán, según la sentencia número 208 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Ese fallo se pronunció sobre la detención de Saab en Cabo Verde, ocurrida en junio de 2020 a solicitud de Estados Unidos. Meses después, ese país logró su extradición para procesarlo por el presunto lavado de hasta USD 350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Durante meses, las autoridades venezolanas sostuvieron que Saab era diplomático y que su detención y posterior procesamiento violaban la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que obtuvieron pronunciamientos favorables a su liberación ante instancias de Naciones Unidas.
Sin que exista claridad total sobre el punto, su inmunidad y protección por los cargos que ocupó en el Gobierno venezolano habrían terminado cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo cesó como ministro pocos días después de los sucesos del 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados por fuerzas militares estadounidenses.
Deportación o entrega
El Saime afirmó que Saab fue entregado a las autoridades judiciales estadounidenses tras ser deportado. Sin embargo, la calificación genera dudas, porque la deportación es un procedimiento legal mediante el cual un gobierno expulsa de su territorio a un ciudadano extranjero hacia su país de origen o de residencia.
Si ese término fuera el correcto en este caso, Saab debería haber sido enviado a Colombia, su país natal. “Esto fue una entrega”, aseguró el abogado Zair Mundaray.
En la página web del Tribunal Supremo de Justicia no aparece ninguna sentencia de extradición dictada por la Sala Penal sobre el empresario, a quien investigaciones periodísticas señalan como presunto testaferro de Maduro.
La Constitución prohíbe la entrega de ciudadanos venezolanos por nacimiento o naturalización, pero la jurisprudencia del máximo tribunal ha abierto la puerta a la entrega de los naturalizados a autoridades extranjeras cuando la nacionalidad se obtuvo “con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado”, según lo establecido por la Sala Penal en su sentencia 204, del 27 de marzo de 2026.
A esto se suma la opacidad que ha rodeado el caso. En febrero pasado, medios internacionales reportaron que Álex Saab había sido capturado junto al empresario venezolano Raúl Gorrín, pero esa versión nunca fue confirmada por el Ministerio Público, el Poder Judicial ni el Gobierno.
Cuando fue consultado sobre el tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, respondió: “Soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas”.
De aliado a acusado
Las autoridades venezolanas también aseguraron que Saab está “incurso en la comisión de diversos delitos”, un cambio de postura frente a las defensas que antes hicieron de él.
En junio de 2022, Jorge Rodríguez afirmó: “No han podido. No están pudiendo en este momento en que se está llevando a juicio y, por supuesto, si realmente quedara un pequeño rastro de dignidad y de verdad en el sistema de justicia norteamericano no hay otra decisión, no hay otra forma, no hay otro dictamen que no sea que ese tribunal de Florida certifique la condición de diplomático de paz de Álex Saab y lo deje en libertad”.
Desde 2011, Saab recibió del Estado venezolano contratos para la construcción de 25.000 viviendas, la importación de millones de cajas de alimentos para los CLAP, la venta de oro y actividades en el sector petrolero.
