Caracas. Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social, sigue sometido a un proceso penal en Venezuela, luego de pasar tres años, siete meses y seis días preso tras su detención el 20 de julio de 2022 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Su caso lo mantiene como el último periodista judicializado de una lista de al menos 40 trabajadores de la prensa que hasta enero de este año tenían procesos penales abiertos.
Claves
- — Fue detenido el 20 de julio de 2022 cuando iba a tomar un vuelo en Maiquetía.
- — Pasó tres años, siete meses y seis días preso y fue excarcelado el 26 de febrero.
- — Sigue bajo régimen de presentación cada 30 días y con prohibición de salida del país.
Un proceso que sigue abierto
Jonathan está acusado de migración ilícita, usurpación de funciones, uso de documento público falso, forjamiento de documentos públicos y asociación. Él sostiene que no tuvo relación con esos delitos y denuncia maltratos físicos y psicológicos durante su detención y reclusión en El Helicoide y en la cárcel de Yare II.
El estudiante, que cursa el noveno semestre en la Universidad Bolivariana de Venezuela, retomó hace pocos meses sus estudios, pero teme que el juicio termine en una nueva privación de libertad. “Es demasiado desesperante saber que eres inocente”, dijo.
Audiencias repetidas y expediente sin pruebas, según el SNTP
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la audiencia preliminar se repitió al menos cuatro veces y desde el 29 de junio, cuando arrancó formalmente el juicio, han diferido y reprogramado las sesiones de forma reiterada. En seis audiencias, cinco tuvieron como incidencia la ausencia de los nueve funcionarios del Sebin citados a declarar.
El SNTP afirmó además que el Ministerio Público no ha promovido pruebas que vinculen a Carrillo con los delitos imputados y que, por primera vez, sus abogados privados accedieron al expediente este miércoles, 7 de octubre, sin hallar elementos contundentes en su contra.
En la audiencia del miércoles 7 de octubre se presentaron dos de los nueve funcionarios del Sebin citados a declarar, pero, según Carrillo, ninguno lo vinculó con los hechos del caso. En una publicación del sindicato se difundió el seguimiento de esa sesión: seguimiento de la audiencia.
El caso de Carrillo se inscribe, además, en lo que organizaciones de derechos humanos describen como un deterioro del Estado de Derecho que ha dejado a trabajadores de la prensa sometidos a procesos penales, detenciones o amenazas en los últimos años.
Carillo fue excarcelado el 26 de febrero, pero continúa con régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y un juicio abierto. Para él, el objetivo sigue siendo el mismo: que su caso se cierre sin condena.
