Avanza reforma aduanera en México contra contrabando

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley Aduanera en México, el cual introduce sanciones más estrictas para los operadores involucrados en esquemas de contrabando de hidrocarburos y refuerza los mecanismos de fiscalización para combatir la subvaluación de mercancías. La iniciativa, remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los proyectos complementarios del Paquete Económico para el año 2027, modifica seis artículos fundamentales de la normativa vigente con el propósito de blindar el erario nacional.

Nuevos mecanismos de control aduanero y fiscalización

El presidente de la instancia legislativa, Carol Altamirano, detalló que el propósito central de la propuesta radica en optimizar los procedimientos de control en las aduanas ante la presencia de prácticas orientadas a declarar valores por debajo del costo real de los productos, resguardando así el interés fiscal y ampliando las facultades de verificación de la autoridad tributaria sin establecer nuevas contribuciones fiscales para los contribuyentes cumplidores.

El texto del dictamen suprime el umbral del 50 por ciento que hasta ahora condicionaba determinados embargos precautorios derivados de diferencias entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares. La normativa estipula que si el importador logra desvirtuar la irregularidad o fundamentar de manera correcta el valor proporcionado, las autoridades procederán a la devolución de las mercancías, la liberación de la garantía o el reembolso del depósito respectivo.

Asimismo, se conceden atribuciones de comprobación de oficio a las dependencias aduaneras cuando el valor consignado en el pedimento sea inferior al valor de transacción determinado conforme a la ley. Para aquellas mercancías que no se encuentran sujetas a precios estimados, la sustitución del embargo precautorio contempla dos escenarios: si la discrepancia es menor al 20 por ciento, la operación podrá garantizarse mediante un depósito en efectivo o una cuenta aduanera de garantía; si la diferencia alcanza o supera el 20 por ciento, la única alternativa permitida será el depósito en efectivo.

Sanciones específicas para el sector de hidrocarburos

Como producto de las mesas de trabajo desarrolladas con legisladores de distintas fuerzas políticas, la propuesta gubernamental experimentó tres adecuaciones sustanciales. La primera se enfoca de manera directa en el manejo de hidrocarburos y petrolíferos, combustibles que han sido utilizados de forma recurrente en esquemas de contrabando y evasión de los controles establecidos en las fronteras y puertos del país. Para contrarrestar esta modalidad ilícita, se estableció una multa diferenciada que oscila entre el 50 por ciento y el 100 por ciento del valor comercial de las mercancías implicadas.

Durante la discusión legislativa, diversas voces expresaron matices divergentes. Por un lado, representantes del Partido Revolucionario Institucional advirtieron que la eliminación de los umbrales previos y la automatización de los embargos podrían generar sobrecostos operativos y riesgos significativos para las actividades del comercio exterior. Por otro lado, legisladores del Partido Acción Nacional calificaron como insuficiente la aplicación exclusiva de sanciones económicas a particulares, argumentando que el fenómeno del contrabando de combustibles cuenta con la tolerancia o participación de servidores públicos, por lo que consideraron que las multas no inhiben las operaciones de redes con amplia capacidad financiera.

Plazos y adecuaciones normativas

En contraparte, sectores afines al oficialismo defendieron la necesidad de frenar las operaciones irregulares que merman los ingresos públicos. Se documentó que durante el ejercicio de 2025 se detectaron más de mil trescientas operaciones que eludieron la causal de embargo, cifra que continuó durante los primeros ocho meses del año siguiente, evidenciando la urgencia de cerrar portillos a la evasión.

Adicionalmente, el dictamen aprobado incorporó una disposición transitoria orientada a consolidar un modelo de gestión y análisis de riesgos que permita focalizar las labores de fiscalización en aquellas operaciones que concentren el mayor peligro para la recaudación tributaria. Como último punto, los legisladores determinaron ajustar la fecha de entrada en vigor de todo el conjunto de reformas a la Ley Aduanera para que comience a regir formalmente a partir del 1 de enero de 2027.