David J. Rush, exfuncionario federal residente en Virginia y vinculado en la cobertura a la CIA, se declaró culpable de fraude electrónico en un caso que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, involucró cerca de 194 millones de dólares.
Las autoridades hallaron en su vivienda lingotes de oro valorados en más de 46 millones de dólares, además de más de 2 millones en efectivo.
El esquema habría usado un programa ficticio
De acuerdo con los fiscales, Rush inventó en 2025 un supuesto programa de acceso especial, o SAP por sus siglas en inglés, para darle apariencia de legitimidad a una iniciativa de inteligencia que no existía.
El programa habría sido presentado como un plan de continuidad gubernamental destinado a mantener en funcionamiento al Gobierno ante una guerra, un desastre natural u otra catástrofe.
Como parte del esquema, los fiscales sostienen que usó ese programa y un contrato gubernamental falso para engañar a un contratista de defensa cuya identidad no fue divulgada.
Según la acusación, la empresa compró grandes cantidades de oro que luego Rush habría retenido.
Sentencia prevista para enero de 2027
Los fiscales también señalaron que Rush mintió sobre su formación académica y su experiencia militar para ingresar a la CIA. La declaración de culpabilidad corresponde al cargo de fraude electrónico relacionado con el esquema contra el Gobierno.
Documentos judiciales citados en la cobertura indican que tenía autoridad significativa sobre programas de inteligencia y sus gastos, lo que le habría permitido desembolsar sumas sustanciales con poco escrutinio.
La sentencia está prevista para finales de enero de 2027. Rush enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La cobertura del caso quedó resumida en un mensaje difundido en X.
Rush trabajaba desde 2010 en una división de la CIA que desarrolla herramientas y técnicas de hacking para labores de espionaje, según informes anteriores citados en la cobertura del caso.
La declaración de culpabilidad evita un juicio y deja pendiente la determinación de la pena concreta por parte del tribunal.
