Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos sostienen conversaciones bilaterales para evaluar la elevación de sanciones económicas, una medida orientada a permitir el flujo de ayuda financiera y multilateral tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país en junio pasado. La directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, confirmó las negociaciones desde Bogotá tras evaluar en el terreno las zonas impactadas, donde el saldo oficial registra más de 6.500 fallecidos.
De acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) presentada por el PNUD, la reconstrucción requerirá una inversión masiva, de la cual un 70 % corresponde a la reparación y reposición de infraestructura habitacional. Muschett y el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, coincidieron en la urgencia de establecer excepciones humanitarias formales que permitan el soporte técnico y crediticio internacional, advirtiendo que el país tardaría años en recuperarse operando únicamente con recursos propios.
Negociación de sanciones y daños estructurales
Los aspectos centrales del informe de daños y las gestiones diplomáticas incluyen conversaciones directas entre Washington y Caracas para adecuar el marco de sanciones y desbloquear financiamiento multilateral. Adicionalmente, el PNUD ha implementado el uso de drones e inteligencia artificial para inspeccionar la estabilidad de las estructuras afectadas.
Requerimientos estratégicos para la recuperación
El diagnóstico humanitario presentado por los organismos internacionales subraya que el impacto de los sismos requiere una respuesta coordinada a gran escala, dado que la capacidad financiera nacional resulta insuficiente a corto plazo para afrontar la magnitud de los daños registrados.
