El viernes 9 de octubre la Casa Blanca informó que el Departamento de Estado impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza sudafricana Navi Pillay.
Detalles de las sanciones
El comunicado oficial señaló que el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales que permitirán ciertas transacciones con la CPI, pero prohibirá cualquier otra actividad que pueda financiar al tribunal. La medida busca “neutralizar la amenaza” que, según la administración, representa la Corte para los intereses estadounidenses.
Reacción del secretario de Estado
Marco Rubio declaró que “Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos y no la queremos”. Añadió que “durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la CPI tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos”. En un video publicado en redes sociales, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que prohibirá las transacciones con el tribunal “ilegítimo”.
Rubio también afirmó que EE. UU. continuará con una “solución diplomática” y mantendrá su campaña para “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo”.
El mensaje completo se difundió a través de un mensaje en X que incluye el video del secretario.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, fue fundada en 2002 y cuenta con 125 Estados miembros, entre ellos todos los de la UE y la OTAN, excepto EE. UU. y Turquía.
