El proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, comenzó su segundo ciclo con el objetivo central de avanzar en la reforma del sistema de justicia y abordar los derechos y garantías políticas en el país. La mesa de conversaciones se instaló formalmente el primero de agosto de 2026 en Caracas.
Reforma judicial y acuerdos iniciales
La primera fase del diálogo cerró con dos acuerdos anunciados el 12 de agosto, enfocados en unir esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolano, equivalentes a 4 mil millones de dólares, retenidas en el Banco de Inglaterra, así como trabajar en la transformación del sistema de justicia nacional. Como parte de ese pacto, la Asamblea Nacional sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para modificar la composición del comité de postulaciones judiciales.
Además de definir la estructura del comité de postulaciones, las partes contemplan establecer un consejo de revisión de credenciales y requisitos para los aspirantes al máximo juzgado del país, apuntalando así el proceso de renovación judicial.
Garantías políticas y presos políticos
Está previsto que avance también la mesa orientada a la libertad de expresión y las garantías políticas, donde la oposición busca sumar condiciones para la integridad electoral. La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, apunta a recuperar las siglas de los partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y revertir las inhabilitaciones contra diversos dirigentes, incluida la opositora María Corina Machado.
En paralelo, la situación de los más de 300 presos políticos mantiene la presión sobre el proceso. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos emitió una comunicación para exigir un encuentro con los negociadores, solicitud que fue recibida por la delegación de la oposición, mientras que el sector oficialista evitó emitir una respuesta formal.
