La organización Amnistía Internacional denunció el uso ilegítimo de la fuerza, torturas y daños en la prisión El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, tras los terremotos ocurridos el 24 de junio. Según la organización, cientos de personas detenidas por motivos políticos permanecen presas injustamente en medio de la crisis generada por los desastres naturales.
Denuncia de derechos humanos
Amnistía Internacional exige al fiscal general, Larry Devoe, la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente y la protección de su integridad física.
Violencia y desapariciones en el penal
Informes recopilados por la organización señalan que funcionarios utilizaron perdigones y gas lacrimógeno contra los privados de libertad en el centro de reclusión. Estos actos, según la ONG, podrían constituir torturas y malos tratos. Además, se han reportado casos preocupantes de posibles desapariciones forzadas y la negativa de atención médica a detenidos que requieren cuidados urgentes.
Entre los casos críticos mencionados se encuentran el de Jorgen Guanares, cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2024, y los de Emirlendris Benítez y Juan Carlos Marrufo, quienes padecen falta de asistencia médica adecuada.
Riesgo de colapso en la infraestructura
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó sobre el grave riesgo estructural que presenta la cárcel El Rodeo I tras los movimientos telúricos. Los detenidos sostienen que existen columnas fracturadas, lo que representa un peligro inminente para su seguridad.
Aunque las autoridades han afirmado que las instalaciones son habitables, el comité denunció que un ingeniero fue presuntamente coaccionado por funcionarios policiales para emitir un informe favorable sobre el estado del edificio. Los privados de libertad aseguran que no se han adoptado medidas para garantizar su seguridad ante el posible colapso del recinto.
