La defensa del expresidente cuestiona una disposición fiscal y llevará su reclamo ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional convocó para el 10 de noviembre una audiencia por pedido de tutela de derechos a favor de Martín Vizcarra, en el marco de la investigación que afronta por presunto tráfico de influencias.
La defensa invoca el debido proceso
La defensa de Vizcarra Cornejo presentó el recurso por una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Su argumento es que una disposición fiscal no se pronunció sobre la no derivación de la investigación contra un expresidente a la Fiscalía de la Nación.
El caso se vincula con los procesos de contratación de servidores efectuados por el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2021.
Las fiscalías y el otro expediente abierto
El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió inhibirse del caso porque el Cuarto Despacho tiene a su cargo otra investigación con hechos relacionados y en un estado distinto.
El 10 de septiembre, esa última instancia advirtió un pedido de nulidad y señaló, por seguridad jurídica, que no correspondía pronunciarse sobre lo planteado hasta que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación resuelva la impugnación.
Luego, el 21 de setiembre, la Fiscalía de la Nación declaró improcedente el pedido de nulidad por no ser la vía pertinente para cuestionar temas de competencia. Para la defensa de Vizcarra, ese pronunciamiento omitió abordar el fondo del asunto.
El exmandatario también afronta otro proceso por el caso Richard Swing. Allí se le acusa de haber usado su cargo para favorecer a Richard Cisneros con contratos en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020. La Fiscalía Suprema pidió 5 años y 4 meses de cárcel por negociación incompatible, o 6 años y 8 meses por tráfico de influencias, además de 6 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Vizcarra ya cumple una condena de 14 años de cárcel por cohecho pasivo propio, tras ser hallado culpable de haber recibido S/2,3 millones en coima para otorgar las licitaciones de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
