El ministro defendió el decreto que refuerza la protección legal para quien repela un asalto y anunció penas más duras contra redes de extorsión y ciberdelito.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, defendió este lunes la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1743, que modifica el Código Penal para dar mayores garantías legales a quien actúe en defensa propia, de su familia o de su patrimonio ante un hecho delictivo.
En el programa Las cosas como son, de RPP, sostuvo que la nueva disposición presume la racionalidad del medio empleado por la víctima desde su propia perspectiva en el momento de la agresión.
Álvarez puso como ejemplo a una persona que se defiende en un paradero con un arma autorizada y frente a un asaltante con cuchillo. En ese escenario, afirmó, no se puede exigir que piense en la proporcionalidad ni que busque un arma similar para responder.
La norma presume legítima defensa y ordena archivar casos
El titular de Justicia señaló que la norma busca evitar investigaciones penales innecesarias o prolongadas contra ciudadanos que repelen delitos. Según explicó, el Ministerio Público deberá visar el archivo de lo actuado si se cumplen los supuestos previstos por la ley.
También indicó que, cuando las evidencias apunten a un asalto o a una intrusión en una vivienda, la carga de la prueba recaerá en el fiscal y se presumirá que la persona actuó en legítima defensa, salvo prueba en contrario.
Castigos más duros para extorsión, secuestro y ciberdelito
Álvarez dijo que el paquete de reformas también apunta contra la estructura operativa de bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el secuestro.
En ese marco, detalló que se tipifica como cómplices necesarios a quienes presten o faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para recibir, retirar o lavar el dinero exigido a las víctimas.
Agregó que la normativa extiende la máxima severidad a la ciberdelincuencia, al incluir a técnicos informáticos o hackers contratados por redes delictivas para vulnerar sistemas de entidades bancarias o de instituciones públicas como el INPE dentro del delito principal. Esas conductas, que antes recibían penas de dos a tres años, pasarán a contemplar sanciones de 15 a 25 años de prisión.
Congreso podrá revisar y modificar los decretos
Sobre la vigencia de los decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, Álvarez aclaró que el Congreso ejercerá sus facultades de control y fiscalización.
Explicó que la evaluación comenzará en la Cámara de Diputados, donde se puede elaborar un dictamen para modificar, desnaturalizar o derogar los decretos si se considera que exceden el marco de la delegación concedida.
Si la Cámara aprueba una modificación o derogatoria, el texto pasará al Senado para su decisión final. Además, si persisten desacuerdos en el Parlamento o entre ambas cámaras, un grupo de diputados podrá presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
