El director del penal de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, fue removido del cargo luego de que se revelara que su hija, Yulissa Lucero Chujutalli, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú. La separación fue oficializada la noche del lunes por el Instituto Nacional Penitenciario, que encargó la dirección del penal a Claudio Lino Andia Nina.
Horas antes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, había anticipado en el video pódcast Tenemos que Hablar que el funcionario sería separado de la responsabilidad que ejercía en la cárcel donde está recluido Pedro Castillo.
La decisión del INPE
En un comunicado, el INPE sostuvo que la medida responde a los hechos ocurridos y que busca garantizar el control institucional y el funcionamiento del establecimiento penitenciario. La institución añadió que el personal involucrado será removido inmediatamente de sus cargos y que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan.
La controversia se centra en el vínculo entre el penal de Barbadillo, donde cumple condena Pedro Castillo, y la contratación de familiares de funcionarios ligados a ese centro penitenciario. Según Álvarez, el director no podía estar mediatizado por la contratación de su hija por parte de personas vinculadas al grupo político de quien custodia.
La medida responde a los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario.
Procesos internos y denuncias en el Congreso
Álvarez explicó que Lucero Rodríguez no podía ser destituido de inmediato de la institución porque primero debía pasar por un proceso administrativo interno. Aclaró, sin embargo, que el cambio de director debía ejecutarse de inmediato y que luego se abriría un procedimiento sancionador para determinar si hubo un trato preferencial hacia Castillo en el penal.
La diputada Azucena Isla Rojas negó conocer al director del penal y afirmó que necesitaba contratar personal. También rechazó que Castillo le hubiera sugerido contratar a la hija de Lucero Rodríguez.
La bancada de Juntos por el Perú, por medio de su portavoz en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, informó que pidió la suspensión inmediata del vínculo laboral de uno de sus trabajadores tras la denuncia pública. En otro mensaje, escribió que su compromiso es con una gestión ética y transparente.
En paralelo, la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, pidió al presidente del Congreso, Miguel Torres, que aclare si la contratación de familiares de funcionarios del INPE cumplió o no con los requisitos establecidos y si hubo investigaciones administrativas abiertas por estos hechos.
El caso también generó cuestionamientos de otros congresistas, que reclamaron revisar si las contrataciones respondieron a un intercambio de favores políticos. Álvarez, por su parte, dijo que el proceso sancionador debe comenzar una vez concluyan las indagaciones internas en el INPE.
