Venezuela, otro diagnóstico y un cambio de medicina

Tales morbos han sido propiciados por la revolución, deliberadamente. Su efecto social devastador es inmenso. Ha hecho profunda la ruptura del entramado que nos hizo República, obra inicial de la crisis democrática de finales del siglo XX pero que esta vez prostituye, incluso, la idea del interés nacional. Ha introducido como variante o elemento transversal comunicante en medio del desorden como explosión, el de la lucha por la supervivencia. A falta de Estado y sobre todo de sociedad organizada, los comportamientos se individualizan, los egoísmos se mineralizan. La corrupción compromete a la administración pública, en especial la vinculada al mundo militar y policial, desde 1999. Paulatinamente se relajan sus bases mínimas de cohesión y el sentido del servicio a la gente. 

Después de la muerte de Chávez y al término de su liderazgo carismático, sobreviene en Venezuela la multiplicación de los ejes personales de poder, con igual vocación despótica y criminal, pero ellos desbordan dentro del esqueleto sin carnes del Estado. Cada causahabiente se considera dueño de su propia parcela.  

Sensiblemente, como parte del diagnóstico en cuestión, la Unidad, la de oposición, por hacerse apenas táctica y electoral de un modo vicioso, no mira más allá del 2018. Y al animarla, conceptualmente, el único deseo de fortalecer las franquicias partidarias que la integran, a despecho de la anomia dominante en todo orden, no alcanza carácter agonal o existencial. La fractura a diario y sin mayor esfuerzo su propio narcisismo, la orfandad de principios, el creerse reedición del espíritu de El Príncipe, Niccoló Machiavelli, lo que la hace víctima propiciatoria del terror, de su secuestro, rehén inevitable dentro del drama criminal envolvente que hace presa de todo el país. De allí sus colusiones, sus transacciones, sus sincretismos, en suma. 

¿Qué hacer a todas estas? Bajo el Estado colegiado cubano que representa Maduro, sólo adquirirá eficacia la lucha en su contra que implique acumulación u oposición de poderes reales o fácticos: en el siglo XXI es la opinión pública y no las armas, que lo contrabalancee; que cabe construirla de modo estable por la oposición, representando a la anomia dominante y su pluralidad, lo que no es fácil; y es un propósito que exige de una activa cooperación internacional, para no decir que habría de sujetarse la propia oposición a la guía o acompañamiento de otro colegiado, esta vez internacional, con ánimo de liberación y reconstrucción, que doblegue al  régimen y sus tentáculos, pues éstos son susceptibles de sobrepasar  “gattopardianamente” al cambio del gobierno de Maduro. 

Así las cosas:

(1) Ha de tener lugar, con carácter urgente, la reconfiguración de la lucha opositora en Venezuela. Su eficacia, como poder real oponible, dependerá de la representatividad que sus pretendidos conductores les den a las piezas disueltas de la realidad social venezolana. Pero sólo podrán moverlas en una misma dirección o sobre un mismo tablero a través de acciones de resistencia, mensajes coherentes e interpretativos de la esa realidad invertebrada y sus urgencias actuales, con fuerza simbólica suficiente; es decir, mensajes que han de ser despersonalizados [ajenos al autismo digital en boga]. 

(2) En lo internacional, ha de hacerse comprender a la comunidad de los Estados y a las empresas trasnacionales que tienen interés en Venezuela, la verdadera naturaleza del gobierno colegiado imperante y los altos riesgos que significa – para la seguridad global y regional – su permanencia en el poder o la de quienes mantienen una colusión interesada con éste, incluida la política. De donde, cualquier fórmula de negociación o diálogo al respecto mal puede apuntar hacia la cohabitación entre la oposición partidaria y el Estado que dirige Maduro, como lo pretenden hoy, desde República Dominicana, su presidente, Danilo Medina y los expresidentes amigos del régimen venezolano: Zapatero y Fernández. 

Toda negociación, como lo ha sostenido con coraje digno de admiración Luis Almagro, Secretario General de la OEA, autor de los informes más completos sobre el problema de Venezuela, debe tener como único propósito facilitar el desalojo del poder por parte del grupo narco-criminal que lo detenta en Venezuela, el desalojo del territorio nacional de los “cooperadores” cubanos y sus dirigentes, y la formulación de un mecanismo de justicia transicional que obligue a los responsables de esta tragedia – que ya configura crímenes de lesa humanidad – a asumir sus responsabilidades, haciendo privar los derechos de las víctimas a la memoria, a la verdad y la Justicia.