La historia de Venezuela pasa por la búsqueda de soluciones a nuestros problemas a través del cambio delos líderes en el poder, bajo la tesis errada de que el quién es la causa. De este modo nuestros antepasados sacaron a Colón, a Emparan, a Bolívar, a Páez, a los Monagas, a Guzmán Blanco y a un largo etcétera. Más recientemente hemos salido de Pérez Jimenez, de los adecos, de los copeyanos; y cuando pensábamos que nadie podía ser peor llegamos a donde estamos.
El empobrecimiento (económico y de valores) que nuestra sociedad está padeciendo sucede porque el problema central no radica en cambiar a alguien, sino en cambiar algo. Y la consecución de ese cambio parte de la forma como nos organizamos y participamos en la construcción del país. No importa la persona que se encuentre al mando: si no contamos con un set de reglas claras que permitan el equilibrio de fuerzas y garanticen los derechos de todos por igual estaremos condenados al fracaso. Se puede tener como piloto a Michael Schumacher en sus tiempos de gloria, pero, si en vez de un Ferrari le diéramos una carcacha, difícilmente podría ser campeón de fórmula 1.
Pero, ¿cuál es el cambio que requiere Venezuela? Son varias las cosas que hay que mejorar. Considero prioritario sustituir el modelo de intervencionismo —que además de ser ineficiente estimula la corrupción— por un modelo de libertad y apertura económica. Estimular la producción, sustituir las importaciones públicas y las expropiaciones por empresas privadas, establecer un marco jurídico claro y fomentar la competencia es la mejor manera de erradicar la inflación y el desabastecimiento.
También es necesario eliminar el abuso de poder y la dependencia de las instituciones al gobierno central por un sistema de derechos y división de poderes. De nada sirve que en la Constitución aparezcan plasmados cinco poderes públicos; si al fin y al cabo todos se encuentran arrodillados ante el gobernante de turno. Sólo la autonomía de las instituciones permitiría acabar con la criminalización de la disidencia en favor de un sistema de derechos políticos plenos, que se caracterice por respetar las diferencias.