Que el pueblo decida, por Omar Barboza

Hasta hace poco tiempo, era y sigue siendo claro que el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido lo que se conoce como la legitimidad en el desempeño, lo cual no es otra cosa que el fracaso de su gestión, fácilmente comprobable con la grave crisis alimentaria, de la salud y de la inseguridad ciudadana, acompañada de una gran corrupción con impunidad. A todo este cuadro, cada vez más se le suma la pérdida de los valores fundamentales, el deterioro de las instituciones en general, y, en particular, las que tienen que ver con la administración de justicia.

La configuración de la situación nacional antes descrita de manera resumida, impulsó a la mayoría del pueblo venezolano a utilizar el derecho que le establece la Constitución Nacional de poder revocar al Presidente de la República, responsable de esa gestión tan negativa para el país. Buscando una solución democrática, constitucional y electoral, el pueblo venezolano se organizó para lograr a través del revocatorio, el cambio político necesario para rescatar la esperanza en el porvenir nacional, y avanzar hacia un modelo que garantice un desarrollo económico estable, en libertad, y con justicia social.

Ante esa decisión claramente mayoritaria de la sociedad democrática, quienes hoy se aferran al poder en Venezuela, no para servirle al interés nacional sino para proteger los intereses y privilegios de la pequeña cúpula que gobierna, decidieron, utilizando métodos fraudulentos, dar un zarpazo a los derechos constitucionales del pueblo, manipulando como títeres alquilados a jueces incompetentes en materia electoral para tomar decisiones, que convalidó el CNE consagrándose así como una casa para trucos que impide el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, y como coronación de su conducta bochornosa, le agregó la suspensión de las elecciones de gobernadores de Estados, violando la disposición expresa sobre esa oportunidad prevista en la Constitución Nacional.

De esa manera Nicolás Maduro, que podía alegar la legitimidad de origen que le otorgó la voluntad popular que lo eligió, al impedir que esa misma soberanía del pueblo ejerza el derecho a revocarlo, que según el Artículo 5° tiene la misma base Constitucional que el derecho a elegirlo, perdió su legitimidad de origen al desconocer la fuente a la cual están sometidos todos los órganos del Estado de acuerdo a la disposición antes citada.

Ante ese atropello, reaccionó con toda su fuerza la gran mayoría del pueblo venezolano que presenció cómo, a través de una truculencia mal disimulada, se le pretende arrebatar su derecho a ser la fuente de la legitimidad del Poder Público Nacional, de allí las protestas realizadas y las diferentes acciones que puedan desarrollarse en el futuro.

También los organismos internacionales y los demócratas auténticos del mundo se han solidarizado con el pueblo venezolano que protesta y lucha, que hoy significa solidarizarse con la democracia como sistema, que es lo que en realidad está en juego. El clamor se extendió por el mundo al punto que el Estado Vaticano, en la persona de su Santidad, decidió participar y designó un representante del Papa en la Mesa de Diálogo que se acaba de instalar en nuestro país con el objeto de buscarle una solución pacífica a las consecuencias del desconocimiento de la voluntad popular por parte del gobierno nacional que controla todos los poderes con excepción del legislativo.

En esa Mesa se han planteado muchos temas importantes, tales como el humanitario y la falta de abastecimiento de comida y medicinas para el pueblo venezolano, problemas que a todos nos preocupa y debemos contribuir a sus soluciones; pero, lamentablemente estamos convencidos de que al gobierno nacional lo que en verdad le interesa en este Diálogo es ganar tiempo para quedarse en el poder y convalidar de alguna manera el gravísimo desconocimiento a la soberanía popular como fuente de legitimación de todos los órganos del Poder Público.

Es por ello que expreso mi convicción de que este Diálogo sólo será exitoso, si en un corto plazo sirve para acordar entre las partes un cronograma electoral para legitimar el ejercicio de la Presidencia de la República, a través del Revocatorio o recortando el mandato presidencial con una Enmienda Constitucional aprobada por todos, sin excluir, si es necesario para el acuerdo, la legitimación de otros poderes, y la elección de los gobernadores de Estado. 

En un país civilizado con una crisis del tamaño de la venezolana, si las partes en conflicto de verdad quieren la paz, la crisis de la Democracia se resuelve convocando al verdadero dueño del poder, que es el pueblo, para que decida quiénes lo deben gobernar.