Es natural y común que un gobierno pierda las elecciones cuando los electores consideran que ha realizado una mala gestión. Siempre ha sido así, sea México, Alemania o Japón.
A veces son gobiernos de izquierda los pasan a la oposición, otras veces gobiernos de derecha. En Perú, por ejemplo, el gobierno de Ollanta Humala, que ha aplicado políticas económicas liberales, se encuentra en una situación electoral tan difícil que su candidato ha tenido retirarse de la contienda, ya que no ha encontrado ningún tipo de respaldo.
En Venezuela, dada la caída de los precios del petróleo y el malestar generado por las colas y la inflación, es de esperarse que en un próximo proceso electoral, bien sea elección de gobernadores o referendo revocatorio, el Gobierno pierda las votaciones, aunque seguramente conserve un alto caudal electoral. Nada especial o fuera de lo natural. Se trataría de la alternancia dentro del sistema.
Sin embargo, en la realidad actual del continente, el proceso político venezolano no es concebido por importantes factores de poder como parte de la dinámica de alternancia Gobierno-oposición, sino dentro de un esquema de “transición” y “ruptura” con el sistema económico, social y político en vigor. Es esto lo que le brinda a la situación venezolana, y en cierto modo a la de otros países como Bolivia o Nicaragua, un carácter particular, porque se apunta al desmantelamiento de las bases del sistema y no solo al cambio del presidente de turno o de determinadas políticas públicas.