Uno de los propósitos de las agencias calificadoras de riesgo es orientar a los inversionistas sobre las amenazas asociadas al comprar instrumentos financieros de determinados emisores de deuda (empresas, gobiernos, entre otros), aportándoles información útil relacionada a la capacidad de estos emisores de cumplir sus obligaciones, y con ello apuntar a la tasa de interés que convendría el financiamiento. La autoridad de estas calificadoras predomina, puesto que los criterios, opiniones y/o sugerencias técnicas son consideradas en los mercados financieros internacionales como parámetro respetable o calificaciones acreditadas para la toma de decisiones de inversión, es decir, es casi palabra sacrosanta lo que declare Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch en este sentido.
A partir de varios criterios como la situación financiera del emisor, desempeño histórico, institucionalidad, riesgo político, perspectiva de crecimiento, flujo de ingresos, liquidez externa, posición de inversión internacional, práctica y flexibilidad fiscal, cumplimiento de la política monetaria, entre tantos otros, se va construyendo la calificación que puede ir desde ser clasificado como emisor grado de máxima calidad crediticia (AAA) hasta grado extremo de incumplimiento de pago (D).
Si bien es cierto que en la mayoría de las variables no tenemos la mejor puntuación, sí podemos presumir que el récord histórico crediticio del país es decente respecto a otros países o que nuestro principal producto de exportación es altamente valorizado internacionalmente, y en cualquier momento pueden escalar los precios o tender a la “normalización” —aunque es comprensible la incertidumbre— recobrando la estabilidad de nuestros ingresos. Pese a ello, vemos como nos castigan con calificaciones como de “muy alto riesgo” (CCC), lo que se traduce en pagar tasas de interés cercanas a la bestial cifra de 25% o más (solo comparable con el 27% de Ucrania, en tensión bélica), mientras que nos encontramos con el caso de Argentina —siendo un ejemplo de cese de pago recurrente en los últimos años— que la penalizan con un costo de financiamiento del 6%. Reitero —en honor a la verdad—, existe una crisis política, económica y social en nuestro país que tienden a incrementar la percepción de riesgo de un posible incumplimiento de pago, sin embargo, a mi juicio, estimo que están pesando más variables subjetivas en la calificación de riesgo de Venezuela que apreciaciones ecuánimes.
No podemos perder de vista que estas calificadores de riesgo son las mismas que fueron intensamente cuestionadas por su accionar en la crisis financiera del 2008, y que poco tuvieron que ver con la práctica de transparencia, gestión competente y garantías de objetividad (ejemplo claro de esto fue que a pocos días de declararse en quiebra Lehman Brothers y otros bancos de inversión lucían calificación AAA).