Para conocer la situación de la administración de justicia en el país, solamente basta dos pinceladas de la ex fiscal general, Luisa Ortega, cuando declaró lo siguiente: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.
Ya lo dijo Plauto: “El hombre es lobo del hombre”. Esto no quiere decir otra cosa más que: el ser humano en sus pretensiones de lograr ciertos objetivos, no le importaría violentar cualquier cosa para obtener lo que persigue. Le importa muy poco las injusticias si está consiguiendo uno a uno sus propósitos.
En este proceso puede endulzar los términos, esconder las intenciones, destruir paulatinamente la moral y atentar con cinismo la ética pública. Estas conductas no tienen nombre específico, es simplemente el accionar del hombre en su ilimitado ‘talento’ de hacer el mal por cualquiera de sus finalidades personales o colectivas.
Para contener estos comportamientos perjudiciales para los miembros de la sociedad, se crea el Estado juntos a sus componentes que conforma el sistema de justicia (Ministerio Público, tribunales, funcionarios judiciales, Defensoría Pública, instituciones de investigación penal, sistema penitenciario, etc.).
Y es así como le ponemos contenciones a la delincuencia organizada, al terrorismo, a las ambiciones dictatoriales, a la esclavitud, a las discriminaciones, a los genocidios y a todas las violaciones de derechos humanos. En otras palabras, el ordenamiento jurídico nos coloca restricciones para poder coexistir en concordia.
Para conocer la situación de la administración de justicia en el país, solamente basta dos pinceladas de la ex fiscal general, Luisa Ortega, cuando declaró lo siguiente: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”. Aunque quizás la frase más lapidaria fue la que hizo la semana pasada: “En Venezuela ha ocurrido la muerte del Derecho”.
Esta última expresión retrata el proceder de la justicia leonina en Venezuela. Por esto, la corrupción y la persecución son los símbolos predominantes de la nación, no hay mecanismos o poderes que obliguen al cumplimiento de la ley, los niveles de moralidad están desintegrados, no existen frenos para la ceguera de sus deseos, es difícil reconocernos como iguales ante la ley y se transgrede la fe pública.
Se dice, se hace, se omite, se determina y se obliga al ritmo de un sistema jurídico deformado favorecedor de las codicias totalitarias. El debido proceso es una mala palabra, sus voluntades insinceras son la ley y sus objetivos tiránicos se cumplen por sobre el discernimiento que entrega la filosofía moral entre el bien y el mal. ¡ Qué importa las injusticias si conseguimos lo que pretendemos!, dirán.
