La amenaza

Según el contenido de la reciente decisión de Obama sobre Venezuela nuestro país constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso nos parece una exageración hasta ahora no justificada. Aun cuando expertos internacionalistas han opinado que esa afirmación ha sido hecha para cumplir con una formalidad previa a la aplicación de sanciones personales a funcionarios venezolanos, consideramos que el presidente Obama le debe dar una explicación al pueblo de Venezuela sobre el alcance de esa afirmación, porque a menos de que se trate de actuaciones delictivas por parte del Gobierno venezolano que la opinión pública desconoce, sobre lo cual debería presentar pruebas, nos parece un señalamiento desproporcionado para fundamentar las sanciones anunciadas.

En cuanto a los funcionarios sancionados con la negación de la visa y el congelamiento de sus bienes en los Estados Unidos, independientemente de su justificación, los Estados Unidos como cualquier otro país tienen el derecho a decidir a quién le otorga o le niega  visa; y en relación al congelamiento de sus bienes en territorio norteamericano, le corresponde a los afectados demostrar que el origen de los mismos es legítimo y que no son producto de  corrupción o  narcotráfico. Es una manipulación patriotera confundir estas sanciones a personas específicas con una agresión a Venezuela; como sí lo es, decir que somos una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos sin demostrarlo.

El presidente Maduro ha reaccionado considerando que la calificación de amenaza es una agresión al país, y además ha solicitado una Ley Habilitante para defender la soberanía y la paz en Venezuela. Estamos de acuerdo con Maduro en que mientras no se demuestre su justificación, decir que somos una amenaza es una agresión gratuita; pero consideramos que la solicitud de una Habilitante para que el Presidente defienda la soberanía y la paz de Venezuela, es tratar de aprovechar un hecho tan serio para tratar de sacarle provecho político interno, presentándose como el abanderado del nacionalismo, del patriotismo. 

No se justifica que el Presidente solicite una Ley Habilitante para hacer algo que constituye una obligación constitucional del Presidente de la República, en el artículo 1º de nuestra Constitución se declara a Venezuela como un país independiente, soberano, comprometido con la justicia y la paz, y en el artículo 236 de la misma, referido a las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en su numeral 1º se dispone “cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley”, de tal manera, que en ésta, como en tantas otras materias al presidente Maduro lo que le corresponde es cumplir con ese mandato y que sus ministros y funcionarios hagan lo mismo.

Además debe ocuparse de las verdaderas amenazas que se ciernen sobre el pueblo de Venezuela, como las que refleja el estudio hecho por tres importantes universidades nacionales, la Central de Venezuela, la Simón Bolívar y la Católica Andrés Bello, con el nombre de “Análisis de las condiciones de vida de la población venezolana 2014”, que tiene como base una encuesta social sobre una muestra de 1.500 hogares durante un trabajo de campo realizado en los meses de agosto y septiembre del 2014, que entre sus conclusiones registra que el número de pobres se ha incrementado en un 33% como consecuencia de la recesión económica de los últimos dos años, y que el 24% de la población solo percibe el salario mínimo o menos, a lo cual se le agrega la inflación, y la escasez de los productos básicos.

El estudio encontró que el promedio de la escolaridad entre los desempleados está  entre el tercer y cuarto año de bachillerato, igualmente se destaca que el 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años que buscan trabajo  no lo consiguen, de este segmento el 65% de los jóvenes abandonó los estudios con 15 años o menos. En 1997 la matrícula de educación primaria era de 657.448, para el año 2012 la misma descendió a 590.235 a pesar de que la población se incrementó en 10 millones de habitantes. En los últimos 5 años los beneficiarios de las Misiones se han reducido en un 20%  y solo 8,4% de los pobres extremos han sido beneficiados.

Todo ello ocurre a pesar de que el vicepresidente Arreaza declaró ante la Asamblea Nacional el pasado 3 de Marzo, que en los últimos 15 años al gobierno le ha ingresado un billón 182.000 millones de dólares. La gran amenaza para la estabilidad del país, es la gran crisis social generada por el despilfarro, la incapacidad y la corrupción de quienes ejercen el poder en Venezuela.