La noche del 17 de agosto del año pasado los venezolanos escuchamos con interés y perplejidad el anuncio presidencial del llamado “plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”. Semejante título nos hizo suponer que el gobierno, ahora sí, presentaría una política económica sistémica para enfrentar la recesión de 5 años, la hiperinflación que llevaba 10 meses, el derrumbe operacional y financiero de PDVSA y la desnutrición y falta de medicamentos que laceraba la vida de los más pobres, niños y ancianos. No fue lo esperado. De nuevo la bucaneria en el manejo de lo económico se hacía presente, un año después el fracaso de ese “programa” lo pone en clara evidencia, a tal punto que ni siquiera los más obsecuentes defensores quieren acordarse de lo que ofrecieron y defendieron aquella noche oscura no por ausencia de luna, por mentirosa.
¿Dónde quedaron las 10 líneas estratégicas de acción que ofrecían un equilibrio fiscal y presupuestario, la defensa del salario y los ingresos anclados a El Petro, un nuevo sistema cambiario que “sepultaría el dólar criminal”, un nuevo sistema de precios y estabilidad de estos con el plan 50, la elevación de la producción nacional y una nueva política de transporte con precio internacional de la gasolina y subsidio directo a los usuarios y transportistas? Al término de la cadena nacional de TV y radio ya sabíamos que al no presentar un programa de estabilización macroeconómica y social y, el de recuperación de PDVSA, la crisis económica no solo no sería contenida, se agravaría. Así lo advertimos públicamente un día después. Una política económica rigurosa responde a los ciudadanos de un país por tres metas: la del crecimiento del producto (PIB), del comportamiento de los precios y del empleo. De ellas, ni una palabra aquella noche.
Ocurre que algunos de los anuncios tenían tal carga rimbombante que permitió a los propagandistas del gobierno y algunos escribientes o desvergonzados mujiquitas, alardear de las supuestas bondades e “innovaciones” del plan económico. Recordemos solo dos de ellos.
El primero: La “criptomoneda” Petro fijaría el valor del trabajo y de los bienes de consumo, así mismo sería responsable de un “anclaje cambiario revaluador”. Ello supondría la permanencia de precios y salarios, es decir, la derrota final de la inflación pero, esencialmente, prometía una estabilidad del tipo de cambio entorno a los 60 bs por dólar. Aquello no era viable porque su fundamentación era una estafa. El Petro no tenía, ni tiene valor, no calificaba, ni califica como criptomoneda. La referencia o sustento a los yacimientos petroleros, hidrocarburos no extraídos, carecía de sentido económico y de mercado. El timo era mayor en lo referido a la política cambiaria ya que un anclaje fija el tipo de cambio con el respaldo de las reservas internacionales, vinculando la moneda nacional a una divisa importante o a una canasta de divisas de los principales socios comerciales y financieros. Esa noche “el anclaje revaluador” al Petro era argucia no era política económica. Un año después, la hiperinflación se acentuó, el salario real perdió más valor que en los últimos cuarenta años y el tipo de cambio, al momento de escribir, va por los 15.000 bs por dólar.