Hace rato que la preocupación por la crisis venezolana —sincera o no, desinteresada o no— traspasó las fronteras y es motivo de atención de estadistas, políticos, analistas, militares, servicios secretos, banca y el vaticano, además de un largo etcétera internacional.
En varias oportunidades el Papa Francisco ha mostrado su preocupación y disposición a trabajar por el diálogo y la paz en el país. Y de tal preocupación dan fe el Nuncio Apostólico, el Secretario del Vaticano y el Canciller Papal, interesados en dialogar con las partes y en proponer mesa de negociación para la crisis que atravisa Venezuela.
En Venezuela, tanto en los grupos que detentan el poder como en aquellos que lo desafían, sobre los llamados a la paz y convivencia se ha ido imponiendo un discurso dirigido a promover y legitimar acciones políticas caracterizadas por el uso de la violencia en sus diversas expresiones.
Cada grupo político en el país se presenta como defensor y propulsor del diálogo y de la vía pacífica frente al otro “ilegítimo”, culpable de los conflictos. Contradictoriamente, se imponen una serie de creencias deslegitimadoras del otro, dirigidas a incluirlo en categorías sociales negativas con las consecuentes emociones y conductas negativas hacia el grupo deslegitimado.