En el desenlace del juicio que el Senado brasileño siguió a la presidenta Dilma Rousseff, separándola de su cargo, se patentizaron cosas importantes: el peso de la opinión pública, la adhesión de la sociedad a normas jurídicas, la búsqueda de puntos de equilibrio entre ideales colectivos, y la necesidad de estabilidad que armonice fuerzas y estratos de la nación hacia la paz interna, en medio de conflictos que se generan en una sociedad heterogénea y compleja, como la brasileña.
Lo resaltante es el apego a dictados de leyes, y a la inteligente flexibilidad que permite cubrir aspectos inherentes a conflictos sobre bases de dignidad y compatibilidad con la marcha del país.
La nación confiere al ciudadano elegido Presidente en libres comicios por cuatro años un caudal de poderes decisorios, también asignados a poderes del Estado, especialmente al poder de la opinión pública, que se manifiesta a través de medios impresos y audiovisuales, con fuerza en la conformación de patrones de opinión. Los hechos se valoran como trazos de una cascada. En su origen, las aguas son mansas, pero en el trayecto cobran vigoroso ímpetu.
Los países los construyen sus ciudadanos. No hay formas ni sistemas económicos infalibles, sean capitalistas, socialistas, neoliberales, ni globalizados que funcionen exitosamente si eluden principios fundamentales: integridad, cautela y moderacion en el capítulo de gastos públicos, así como libertad para el ejercicio ciudadano en las actividades de producción de bienes y su comercialización.