El domingo 30 de julio se perpetuó un doble fraude: por un lado, un fraude a la Constitución y, por el otro, un fraude electoral. El fraude constitucional está clarísimo. De acuerdo con el artículo 347 de la Carta Magna, el único autorizado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo de Venezuela, que no fue consultado. La ANC fue convocada por autoridades que no tienen la facultad de hacerlo. Por tanto, estamos en presencia de una clara violación de la letra, espíritu y propósito de la Constitución Nacional.
Por si fuera poco, las bases comiciales establecidas violan de una manera evidente principios fundamentales del texto constitucional, entre ellos el carácter universal, directo y secreto del voto; una conquista venezolana desde la Constitución de 1947. Otro es el de la proporcionalidad: municipios con muy pocos habitantes tendrían la misma representación que los más poblados.
El acto de votación fue también un fraude perpetuado frente a los ojos de todos los ciudadanos. La opinión pública nacional e internacional fue testigo de la muy menguada concurrencia a las urnas.
Un gobierno que miente pierde el respeto de sus ciudadanos. Y un gobierno que ha perdido la confianza y el respeto de los ciudadanos que pretende gobernar, tiene que ir pensando en la mejor manera de hacerse a un lado para permitir que el pueblo elija otro.