Una semana de tensión política superlativa. Una confrontación entre la vida y la muerte. ¡O comían salmón o morían arponeados! Había que echar el resto. El “golpe de Estado” era eminente. ¿El gobierno se había quitado la careta? El TSJ emitió las sentencias 155 y 156 en las cuales toma para sí las funciones constitucionales del poder legislativo. Y restringe la inmunidad parlamentaria; por razones del “desacato”. ¿Se establecía la dictadura con todos los hierros? Esto último es lo que más preocupó. La inmunidad es básica en las funciones del Poder Legislativo. Es la protección del parlamento y de los representantes del pueblo para ejercer sus funciones de legislar, controlar y asegurar la independencia ante los otros poderes.
La figura de la inmunidad parlamentaria la encontramos en la Constitución de Estados Unidos de 1787, “Exceptuando la traición, gozarán el privilegio de no ser arrestados”. En la francesa de 1791, “los representantes son inviolables y no podrán ser investigados, acusados o juzgados por lo que hubieran dicho, escrito o hecho en ejercicio de sus funciones”. En Venezuela, constituye parte de la historia constitucional y ha sido reconocida desde la primera Constitución de 1811. Con ella ejercen sus funciones de “Legislar y Controlar al Poder Ejecutivo”.
¡Las sentencias del TSJ disparan las alarmas! Decenas de dirigentes opositores se distribuyen por varios países de América. Los mensajes desde Venezuela cubren buena parte de los países del mundo, para informar de las sentencias del TSJ, números 155 y 156. Gobiernos, Congresos y organismos internacionales se pronuncias pidiendo independencia de poderes y libertad de los presos políticos. Sorpresivamente, la Fiscal General de la República, declara que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden Constitucional”. Tenía razón la Fiscal. Se impone su tesis y luego de la intervención del Presidente de la república el TSJ modifica las sentencias.
Pero la cosa no queda ahí. Mientras, grupos de diputados nacionales de la oposición marchan hacia la Fiscalía y la Defensoría se producen enfrentamientos con fuerzas del orden público y partidarios del gobierno. Salen heridos varios diputados. Por otro lado, Varios países miembros de la OEA, piden reunión del Consejo Permanente para pedir la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. En una traumática y convulsionada reunión —se violan los estatutos y reglamentos internos— destituyen arbitrariamente al Presidente del Consejo y una minoría aprueba pedir al Presidente Maduro, “restituir el Orden Constitucional y las funciones de la Asamblea Legislativa”.