En 1824 El Libertador decretó la pena de muerte para quienes “malversasen o tomasen para sí los fondos de la Nación”. Ello evidencia que la corrupción ya era relevante en los albores de la República.
Se magnificó en la era petrolera a la sombra del petro-estado, que hizo de la gestión pública la fuente originaria de la acumulación y reproducción del capitalismo rentístico dependiente.
Sujetar las políticas públicas, la asignación y administración de los recursos públicos a los intereses de la minoría que detenta el poder político y económico, socava la calidad de los servicios públicos, destruye los ecosistemas ambientales, aumenta la pobreza y la desigualdad social. La corrupción es una forma de expropiación y privatización del excedente social del trabajo y de los bienes comunes
Son profundas las heridas dejadas en estos años por el leviatán de la corrupción en el cuerpo de la Nación. Su impronta está tatuada en los que hurgan en la basura para saciar su hambre, en los pacientes que mueren por falta de medicamentos, en los niños desnutridos, en la migración forzada de cientos de miles de compatriotas, en el colapso de la industria petrolera y de las industrias básicas, en las crisis eléctrica, del agua, de la salud, del transporte y de la educación. La revolución bolivariana se está hundiendo en sus aguas malolientes, porque su dirección abandonó temprano la tarea de construir, como sujeto de la transformación, un poder popular autogestionario, autónomo del Estado, con capacidad para ejercer la contraloría social.