Leopoldo Puchi / Articulista En las conversaciones realizadas durante las dos últimas semanas entre Gobierno y oposición se ha venido avanzando en diferentes aspectos, por lo que se había programado que se diera a conocer un acuerdo con la presencia de Rodríguez Zapatero que contemplaba diferentes materias, como la designación de los dos integrantes del CNE pendientes por vencimiento de período, la normalización de las potestades de la Asamblea Nacional que continuaría conviviendo con la Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación de las elecciones de legisladores regionales para diciembre de este año, de alcaldías para el primer trimestre de 2018 y la constitución de un nuevo grupo de países mediadores.  Sin embargo, como no se logró alcanzar un acuerdo sobre la fecha de la votación presidencial, ya que algunos representantes de la alianza opositora exigían el adelanto de estos comicios para abril, no se pudo sellar un acuerdo y finalmente no se realizó la rueda de prensa esperada. Así son las negociaciones, retroceden y avanzan, pero muchas veces se atascan porque no hay claridad sobre los intereses que están sobre la mesa y los objetivos precisos de cada uno de los factores en pugna. Si para la oposición su meta principal es acceder al Palacio de Miraflores, lo que tendría que tener como prioridad es que se celebren las elecciones presidenciales, por lo que no sería un problema si se realizan en abril o diciembre de 2018. Por su parte, para el Gobierno lo esencial reside en alcanzar un acuerdo para el período 2019-2024, que le garantice su condición como factor de poder y parte constitutiva del sistema, del Estado y de sus instituciones, materia sobre la cual poco se ha discutido y avanzado en las conversaciones realizadas, y que constituyen el nudo del asunto. Por supuesto, hay factores importantes de la oposición que no son partidarios de un esquema de coexistencia durante el próximo período constitucional. Consideran que es necesaria una ruptura del sistema para dar paso a relaciones de poder completamente distintas a las actuales. Las modalidades para alcanzar este fin son las de un derrocamiento militar propiciado por acciones de calle, o la de una intervención armada extranjera. En ambos casos, las medidas de bloqueo financiero, bien sea total o parcial, tendrían una función facilitadora al ahondar los problemas económicos del país, lo que obviamente se va a traducir en más penurias y malestar social. Esto explicaría el respaldo dado en documento público por los partidos más importantes de la oposición al decreto del presidente estadounidense de bloqueo financiero contra la República, que afecta los créditos de la banca, la reconversión de la deuda y los dividendos de Citgo. Un respaldo que apuntala  una estrategia completamente distinta a la de una negociación y que por sostenerse en acciones contrarias al interés nacional pone en riesgo la posibilidad misma de una alternancia, pues sus protagonistas, si no corrigen a tiempo, se descalifican a sí mismos.