Las recientes elecciones de gobernadores son valiosas en sí mismas, por supuesto, porque tienen un significado en la gestión de espacios institucionales cercanos a la vida cotidiana de la gente. Pero al mismo tiempo, y sobre todo en el contexto actual, esas elecciones son un eslabón de un entramado mayor en la lucha por el poder que se libra en el país.
Dada la situación de equilibrio frágil de la correlación de fuerzas, se ha dicho que Venezuela se encuentra ante tres potenciales opciones. Una de ellas es la impulsada por Luis Almagro en representación de importantes factores locales e internacionales, que apunta a un desenlace forzado, bien sea por medio del derrocamiento del Gobierno o a través de una intervención extranjera. Otra opción, esta vez desde el lado gubernamental, es la de la creación de una nueva institucionalidad vía la Asamblea Nacional Constituyente, que daría origen a un nuevo poder y a una nueva legalidad sustentada en tanto en el sufragio universal como en modalidades comunales o de consejos sectoriales.
Frente a estas alternativas, la otra opción es la que ha venido adelantado José Luis Rodríguez Zapatero, que apunta a un esquema de coexistencia Gobierno-oposición para el período 2019-2024, en el que cada factor accede o conserva posiciones de poder y se acordarían asuntos relativos a la Fanb, el TSJ y reformas institucionales que permitan la cohabitación.
Ahora bien, ¿Cuál de estas tres opciones ha salido fortalecida de la elección de gobernadores? Todo indica que, hasta el momento, ninguno de los factores en pugna ha tomado una decisión definitiva, de modo que “la hora de la verdad” parece haberse desplazado hacia un momento cercano a las presidenciales de 2018.