Más allá de la política o por cualquier otro evento, 2016 será recordado como el año cuando se acabó el mito de la riqueza colectiva y Venezuela amaneció definitivamente pobre, endeudada, desabastecida, con sus nacionales emigrando en cambote y un clima nacional de desilusión colectiva, sin fe en nada ni en nadie.
Lo que Uslar y Pérez Alfonso advirtieron medio siglo atrás —que el modelo petrolero podía culminar en una ruina nacional— se materializó con el desplome del precio del crudo y se agravó por la hipertrofia del Estado y los concomitantes procesos de desindustrialización, parálisis productiva, total dependencia de las importaciones y escasez general de divisas.
El año había comenzado bajo un auspicioso signo de cambio. La victoria de la oposición auguraba un pronto cambio de gobierno, de modelo económico y de situación general. De hecho, embriagada por un triunfo legislativo que también a ellos había sorprendido, la dirigencia opositora anunciaba que en seis meses, sólo seis, saldría de Maduro por alguna de las vías constitucionales disponibles.
El Gobierno aprovechó la euforia de la oposición y lanzó un plan para atornillarse en el poder a toda costa. En el camino modificó el precario equilibrio de poderes, supeditando lo legislativo y electoral a un Tribunal Supremo absolutamente comprometido con su causa, alteró alguna parte visceral de la Constitución de 1999, desconoció la figura del referéndum revocatorio que fue una de las clave de la legitimidad de Chávez, anuló las competencias del Parlamento y terminó prorrogando el mandato de los gobernadores más allá del cuatrienio para el cual fueron electos. El juego parecía trancado cuando una mediación internacional encabezada personalmente por el Papa Francisco de Roma logró sentarlos en una mesa de negociación, que le dio un lapso adicional al gobierno, completó la división y cuestionamiento a la oposición y eliminó la urgencia del recurso electoral para resolver la crisis.
