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Provea denuncia opacidad y temor tras operativo militar en Las Claritas

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó sobre la persistencia del temor y la falta de información en la población…

Provea denuncia opacidad y temor tras operativo militar en Las Claritas

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó sobre la persistencia del temor y la falta de información en la población de Las Claritas y Kilómetro 88, una semana después de un operativo militar que dejó como saldo la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua.

Desconocimiento sobre los hechos

Según testimonios recogidos por la organización, los habitantes de la zona desconocen detalles fundamentales del procedimiento, iniciado el 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras controladas por grupos armados irregulares. Provea señaló que persiste la incertidumbre sobre la fecha exacta de la muerte de Guerrero, cuya ocurrencia fue anunciada por el presidente Donald Trump el 12 de junio.

Silencio del Estado

La organización denunció que el Estado venezolano, históricamente acusado de complicidad con estos grupos, mantiene silencio sobre los hechos. A pesar de los comunicados emitidos por la Casa Blanca y Miraflores, no se ha proporcionado información oficial sobre posibles heridos u otras víctimas fatales durante el operativo, lo que ha generado versiones contradictorias.

Contexto de abandono

Provea atribuyó la violencia en la zona a años de abandono estatal y a políticas que priorizaron la extracción opaca de recursos, especialmente tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016. «Las autoridades abandonaron sus responsabilidades, permitiendo que economías criminales penetraran el territorio», indicó la ONG, advirtiendo sobre posibles desplazamientos de mineros y pobladores hacia municipios aledaños.

La organización exigió a las autoridades información veraz y oportuna, así como medidas concretas para proteger los derechos de las comunidades afectadas.

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