La crisis del Sistema Eléctrico Nacional alcanzó un punto crítico a finales de septiembre, provocando una ola de manifestaciones nocturnas en al menos cinco estados del país. Ante la falta de información oficial y la recurrencia de fallas que se prolongan por más de 10 horas diarias, los ciudadanos han optado por cacerolazos, cierres de vías y quema de cauchos como medida de presión.
Aragua y Carabobo: el epicentro del descontento
En el estado Aragua, las protestas se extendieron por seis municipios, incluyendo Maracay y San Mateo. Mientras las autoridades locales atribuyen las fallas a un aumento en la demanda eléctrica, los vecinos denuncian la inexistencia de un esquema de administración de carga que les permita organizarse. Una situación similar se vive en el estado Carabobo, donde residentes de Guacara, San Diego y Naguanagua bloquearon importantes arterias viales, como la Autopista Regional del Centro, tras sufrir interrupciones que excedieron los planes anunciados por las autoridades regionales.
Crisis de infraestructura y colapso comercial
El impacto de los apagones trasciende la cotidianidad doméstica, afectando gravemente la actividad económica y el funcionamiento de servicios básicos. En el estado Bolívar, comunidades rurales y urbanas reportan daños constantes en transformadores, obligando en ocasiones a los propios residentes a costear los repuestos ante la falta de equipos por parte de las autoridades. Por su parte, en el estado Sucre, el sector comercial ha manifestado su alarma, señalando que los cortes eléctricos reducen hasta en un 40% la jornada laboral semanal, lo que compromete la operatividad de las empresas y la economía regional.
Impacto en servicios
Las interrupciones prolongadas han afectado severamente la conservación de alimentos, el bombeo de agua potable, las comunicaciones y el desarrollo de las actividades comerciales en las entidades afectadas.
El estado Táchira también ha registrado jornadas intensas de movilización, acumulando 48 horas de protestas en sectores como La Fría. La falta de un cronograma oficial, una carencia que se arrastra desde 2020, ha sido el detonante principal de un malestar que, según registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ha convertido a la electricidad y el agua en las causas centrales de la conflictividad social en el país.
