Delcy Rodríguez aseguró que habrá miles de soluciones habitacionales antes de fin de año para los damnificados por los sismos. Especialistas ponen en duda que el plan sea viable.
Delcy Rodríguez aseguró que el Gobierno prevé ofrecer “soluciones habitacionales antes de que finalice el año” para los damnificados por los sismos en Venezuela, en medio de cuestionamientos de analistas por las limitaciones financieras y estructurales del país.
El plan oficial para atender a los damnificados
Rodríguez afirmó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat trabaja en proyectos “en el menor tiempo posible para atender la situación” y sostuvo que habrá “miles de soluciones antes de que finalice el año”, durante la instalación de una comisión especial para la atención de la emergencia.
Sin embargo, no precisó si se trata de viviendas definitivas, refugios temporales o campamentos para los afectados. El Gobierno tampoco ofreció detalles adicionales sobre el alcance del plan.
Las autoridades reportaron más de 17.000 personas sin vivienda tras los sismos.
Las dudas sobre dinero, tiempo y capacidad de respuesta
Organismos internacionales y firmas privadas han estimado daños de gran magnitud. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó pérdidas cercanas a los 6.700 millones de dólares, mientras que la consultora Econalítica elevó la cifra hasta los 8.000 millones, equivalente a cerca del 7 % del PIB venezolano, y advirtió que la reconstrucción podría requerir al menos el doble.
El economista Asdrúbal Oliveros señaló en declaraciones a CNN que el país “no tiene la holgura fiscal y financiera para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción”, y estimó que el costo total podría ubicarse entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. A su juicio, el proceso requerirá coordinación entre el Estado, el sector privado y actores internacionales para ser viable.
Especialistas de la Universidad Católica Andrés Bello advirtieron que la magnitud del desafío exige un acuerdo amplio que incluya cooperación internacional, debido a la incapacidad del Estado para afrontar por sí solo el proceso de recuperación.
En paralelo, expertos en urbanismo y planificación han cuestionado la viabilidad de los plazos anunciados. La urbanista Zulma Bolívar señaló que trabajar con datos desactualizados —el último censo oficial data de 2011— dificulta cualquier planificación precisa y advirtió que no existe información suficiente sobre población, infraestructura y daños reales.
El ingeniero José De Viana fue aún más crítico al calificar de “farsa” la promesa oficial de reconstrucción acelerada, al señalar que procesos de este tipo suelen extenderse por años incluso en contextos con mayor capacidad institucional.
Mientras tanto, personas afectadas continúan en condiciones precarias en refugios improvisados, a la espera de respuestas concretas. “Todavía no hemos pensado en el futuro, no sabemos qué viene adelante… ahora no tenemos dónde vivir”, relató uno de los damnificados.
Para analistas, la reconstrucción no solo implica levantar viviendas, sino también enfrentar problemas estructurales acumulados durante décadas, desde la precariedad de los servicios públicos hasta la debilidad institucional. En ese escenario, advierten que sin un plan integral, con respaldo técnico y financiero, la promesa de soluciones rápidas corre el riesgo de no materializarse en los plazos anunciados.
